La magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, Arely Reyes Terán, fijó postura tras la polémica generada por un comentario publicado en X sobre la investigación por presunto abuso sexual en el IEMS, caso que involucra al profesor Alberto Israel Jasso Cruz. En su posicionamiento, la funcionaria pidió que la discusión pública no pierda de vista los derechos de la víctima adolescente ni el impacto que puede tener su exposición mediática.
Reyes Terán respondió a los señalamientos que la acusaron de vulnerar la presunción de inocencia del profesor y sostuvo que también debe observarse ese principio respecto de la adolescente denunciante. De acuerdo con su explicación, cuando una persona señalada acusa públicamente a una menor de edad de haber mentido, también se le coloca bajo sospecha y se le atribuye, en los hechos, una conducta delictiva ante la opinión pública.
La magistrada planteó que este tipo de narrativas pueden generar un efecto de estigmatización contra las víctimas, especialmente en casos de abuso sexual. En su comunicado, advirtió que no toda denuncia que no prospera judicialmente debe leerse como falsa y sostuvo que, en este tipo de investigaciones, las personas juzgadoras están obligadas a analizar los casos con perspectiva de género y derechos humanos.
El caso provocó una conversación intensa en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el tono de la publicación original y otros centraron el debate en la protección de las denunciantes. En ese contexto, Reyes Terán buscó aclarar que su posicionamiento estaba dirigido a señalar cómo la exposición pública de una adolescente puede influir no solo en su caso, sino también en otras mujeres y niñas que enfrentan obstáculos para denunciar violencia sexual.
Reconoce imprudencia y ofrece disculpa pública
En la segunda parte de su posicionamiento, Arely Reyes Terán reconoció que sus palabras fueron imprudentes y admitió que contribuyeron a que una conversación delicada no se abordara con la sensibilidad necesaria. Por ello, ofreció una disculpa pública y subrayó que sus comentarios fueron emitidos a título personal, no como una postura institucional del Tribunal de Justicia Administrativa.
La magistrada también explicó que su comentario partía de la preocupación por el impacto que tienen los discursos que desacreditan a denunciantes de abuso sexual. Según expuso, en México solo una parte mínima de estos casos llega a denunciarse, por lo que colocar a las víctimas bajo juicio social puede inhibir a otras mujeres, niñas y adolescentes antes de que siquiera acudan ante las autoridades.
Reyes Terán llamó a que la polémica sirva para abrir una discusión más amplia sobre los derechos de las víctimas y de las personas señaladas como presuntas responsables. Con ello, buscó colocar el debate más allá de la frase que generó críticas, hacia la necesidad de revisar cómo se habla públicamente de investigaciones por violencia sexual, especialmente cuando involucran a menores de edad. La aclaración de la magistrada no elimina la controversia por su publicación inicial, pero sí incorpora un elemento central para la discusión pública: en casos de presunto abuso sexual, la exigencia de justicia debe considerar tanto la presunción de inocencia de las personas señaladas como la protección de las víctimas frente a la revictimización, la exposición mediática y el descrédito anticipado.
Ilustración: Iván Rojas
