El delito de corrupción de menores en Puebla refleja una preocupante tendencia, ya que el 80% de las víctimas registradas en el primer bimestre de 2026 fueron niñas y adolescentes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante este periodo, se abrieron 10 carpetas de investigación, lo que coloca a la entidad en el lugar 14 a nivel nacional en este tipo de delitos, evidenciando la vulnerabilidad de este sector de la población.
Según el reporte de incidencia delictiva, ocho de los casos correspondieron a niñas, uno a un niño y en uno no se especificó el sexo de la víctima, lo que confirma la predominancia de afectaciones hacia menores del sexo femenino. Además, el grupo de edad más vulnerable fue el de 13 a 17 años, con cinco casos, seguido por menores de entre 0 y 12 años con cuatro registros, lo que muestra que el problema impacta tanto a adolescentes como a la niñez.
En cuanto a la distribución geográfica, los casos se concentraron en siete municipios, siendo Puebla capital el que registró el mayor número con cuatro denuncias. También se reportaron incidentes en Cuautlancingo, Coronango, Cuetzalan, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan y Teotlalco, lo que indica que el fenómeno no se limita a una sola zona, sino que se extiende a distintas regiones del estado.
A nivel nacional, Puebla se encuentra por debajo de entidades como Guanajuato, que lidera con 107 denuncias, seguido de Ciudad de México y Baja California, entre otros estados con mayor incidencia. No obstante, las cifras locales reflejan una problemática que requiere atención prioritaria, especialmente por el perfil de las víctimas y la naturaleza del delito.
La corrupción de menores implica obligar o inducir a personas menores de 18 años a participar en actos sexuales, consumo de sustancias o actividades ilícitas, generalmente mediante engaños o coerción. En Puebla, este delito está tipificado en el artículo 217 del Código Penal, que contempla penas de entre 7 y 12 años de prisión, además de sanciones económicas que pueden superar los 282 mil pesos, dependiendo de la gravedad del caso.
Ante este panorama, en el Congreso de Puebla se analiza una propuesta para endurecer las sanciones, que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión y multas superiores a los 339 mil pesos. La iniciativa busca fortalecer el marco legal y brindar mayor protección a niñas, niños y adolescentes frente a este tipo de delitos, en un contexto donde la incidencia y el perfil de las víctimas generan creciente preocupación social.
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