Una agencia federal de Estados Unidos metió un avión con radares ocultos a territorio mexicano para llevarse a un esquivo y poderoso capo mexicano, cuyo poderío se había expandido durante el gobierno de Felipe Calderón, uno de los expresidentes más alineados a la agenda de Washington. El gobierno mexicano -que, con un presidente soberanista había dado un giro en la política de seguridad- pidió explicaciones y el embajador estadunidense mintió. Años más tarde, México detuvo a uno de los herederos del cartel para entregarlo a la justicia de Estados Unidos, que reclamaba su extradición. El Departamento de Justicia pactó con los narcos para que testifiquen contra políticos mexicanos ligados al gobierno, al que Estados Unidos le pide vasallaje total.
Lo anterior, aunque parezca, no es el guión de una nueva película de Hollywood ni de una exitosa serie de narcos, sino el último capítulo una larga y compleja trama de relación binacional entre un país obsesionado dominar el mundo -Estados Unidos- y México, su vecino del sur, que ahora le resulta incómodo.
Para entender este episodio, es necesario ubicarnos en el año 2000, cuando México voto por una alternancia política luego de 80 décadas de hegemonía priísta. En Estados Unidos, Bill Clinton terminaba su mandato y sería relevado por George W. Bush. Meses después, los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y el Pentágono, inauguraron la nueva política exterior de Estados Unidos: la «guerra contra el terrorismo» justificó ataques preventivos, intervenciones militares unilaterales y la redefinición de alianzas bajo la premisa de que «quien no está con Estados Unidos, está con los terroristas».
En México, la llegada al poder del partido más conservador y abiertamente proestadunidense, modificó las reglas internas que el PRI había mantenido con los grupos criminales, que por esas fechas se concentraban en el narcotráfico y se dividían el país en seis grandes carteles: Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera El Chapo e Ismael Zambada García El Mayo; Juárez, fundado por Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos (había muerto en 1997); Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, que controlaba la frontera en Baja California; del Golfo, que operaba en el noreste del país; Del Milenio de Los Valencia, con base en Michoacán y Jalisco, que sería la base del CJNG; y Colima, dirigido por los hermanos Amezcua Contreras, conocidos por traficar precursores químicos.
En México, la llegada al poder del partido más conservador y abiertamente proestadunidense, modificó las reglas internas que el PRI había mantenido con los grupos criminales,
Vicente Fox, el presidente de la alternancia, vio crecer y consolidar durante su gobierno al grupo más sanguinarios en la historia de México: Los Zetas, exmilitares de élite que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y llegaron a ocupar la mitad del territorio usando tácticas de terror, adiestramiento militar y un nivel de violencia extrema que el crimen organizado no había utilizado antes en el país.
Fox prometió la democracia y terminó impulsando un fraude electoral, reprimiendo brutalmente a los pueblos en Oaxaca y Atenco. También dejó como herencia a un personaje clave para entender la historia de la violencia criminal de este siglo en México: Genaro García Luna, quien fue designado por Fox titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Fue en ese gobierno y con esa dupla (Fox en la presidencia y García Luna en la AFI) que, el 19 de enero de 2001, el líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, se fugó — escondido en un carrito de lavandería — de la cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, donde estaba preso desde 1993.
En 2006, tras un fraude electoral en el que se estrenaron todas las formas de fraude —lawfare, campaña de difamación, presión presidencial —que se han visto en otros países, llegó al poder el segundo gobierno del Partido Acción Nacional, con un abogado que ofreció ser el presidente del empleo y se convirtió en el presidente de la guerra: Felipe Calderón.
Calderón nombró a García Luna jefe de la Policía Federal y lo puso a cargo de su “guerra contra el narco”. Fue en ese gobierno que el Cartel de Sinaloa no solo aumentó su presencia en 24 estados del país, sino que extendió sus redes de lavado de dinero y distribución de drogas a decenas de países en América, Europa y otros continentes.
Al mismo tiempo, y con el pretexto de combatir a los Zetas, Calderón impulsó el surgimiento y expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación, que nació como una fractura del Cartel del Milenio, en alianza con un grupo paramilitar (los Matazetas) la Marina y policías estatales de Tamaulipas y Veracruz.
Todo con el aval del gobierno de Estados Unidos, con el que García Luna tenía una estupenda relación. “En muy poco tiempo, García Luna se convirtió en nuestra persona de referencia porque era el socio más eficaz que teníamos”. dijo a ProPública John Feely, un diplomático estadounidense de alto nivel que trabajó en la implementación de la Iniciativa Mérida,
Fue en ese gobierno de Felipe Calderón que el Cartel de Sinaloa no solo aumentó su presencia en 24 estados del país, sino que extendió sus redes de lavado de dinero y distribución de drogas a decenas de países en América, Europa y otros continentes.
Fox había firmado con Bush el acuerdo Frontera Inteligente, que permitió la operación del FBI en México. Pero Calderón abrió de capa la puerta a todas las agencias de inteligencia estadunidenses —CIA, FBI, DEA, los departamentos de justicia, seguridad del interior, la agencia de inteligencia militar, la oficina nacional de reconocimiento, la agencia nacional de seguridad, el buró de alcohol, tabaco armas de fuego y explosivos (ATF) — que, bajo la figura de la Oficina Binacional de Inteligencia, operaban abiertamente en el 265 del Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
En 2008, el Congreso norteamericano aprobó un presupuesto de 400 millones de dólares para arrancar la Iniciativa Mérida en México y 65 millones más para República Dominicana y Haití. García Luna fue el ejecutor de esta estrategia, que consistía en proveer de equipo, entrenamiento y asesoría técnica a las fuerzas del orden en México. La principal táctica fue trazada por la DEA: el método kingpin, es decir, el asesinato de los jefes de las bandas criminales para desarticular al crimen organizado.
El método fracasó sumergió al país en un baño de sangre financiado por los Estados. También fracasó Rápido y Furioso, como se llamó a una operación secreta de la ATF que entre 2009 y 2011 permitió de manera deliberada la venta y el cruce ilegal a México de más de 2,500 armas de alto calibre. El objetivo era rastrearlas y desarticular a los cárteles de la droga. Pero la ATF perdió el rastro de las armas, que terminaron en manos de los grupos criminales y fueron utilizadas incluso para asesinar a agentes federales estadounidenses.
La guerra de Calderón y García Luna elevó 200 % la tasa de homicidios en México, se documentaron 68 masacres y entre 17 mil y 30 mil desapariciones.
Para 2018 operaban en el país más de 80 grupos delictivos que habían diversificado sus negocios en 19 formas del crimen, desde extorsión, secuestro, tráfico de personas migrantes, trata con fines de explotación, de acuerdo con un análisis de inteligencia militar publicado en El Universal
El secuestro de Ismael Zambada
“México investiga la posible participación del FBI en la detención del Mayo Zambada”, tituló The New York Times la nota en la que narraba los cuestionamientos del gobierno mexicano sobre la intervención de Estados Unidos en la captura del narcotraficante más esquivo de México
El miércoles 8 de julio, las autoridades mexicanas informaron que investigan si el gobierno de Estados Unidos mintió sobre su introducción al país de un avión con los radares bloqueados para capturar a Ismael Zambada, cuyo traslado secreto a Estados Unidos en 2024 sigue sin ser aclarado.
La Fiscalía General de México dijo que investiga el informe del FBI filtrado al canal de noticias Pie de Nota que vinculaba a la agencia con la detención Zambada. Eso implica que agentes de Estados Unidos entraron con un avión apagaron radares y se llevaron a un narcotraficante, lo que supone una violación de la soberanía mexicana.
El informe incluye una declaración atribuida al FBI en la que se afirma que sus agentes especiales “lograron el arresto y traslado de uno de los principales objetivos del gobierno de Estados Unidos”.
Hasta ahora, Washington había negado cualquier participación en el operativo. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México en 2024, aseguró entonces que la detención “no fue una operación nuestra”.
Para entender esta parte de la historia es necesario volver de nuevo unos años atrás.
Después de su fuga de Puente Grande en 2001, Joaquín Guzmán tuvo 13 años de libertad para ver crecer su negocio y convertirlo en una transnacional con operaciones en más de 50 países. En esos años dorados del gobierno de Felipe Calderón, la DEA llegó a catalogarlo como el cártel más poderoso y lucrativo del planeta América, Europa, Asia y África. Y la Revista Forbes incluyó al capo en su lista de multimillonarios durante cuatro años consecutivos, de 2009 a 2012.
Pero su suerte se acabó con la salida de Calderón y en 2014, fue detenido por segunda vez en un operativo de la Marina dirigido por un agente de la DEA. El PRI había vuelto por un corto periodo al gobierno de México y en Estados Unidos gobernaba Barak Obama. La política contra las drogas era la misma, pero los jefes con los que habían hecho los acuerdos habían cambiado.
Hasta ahora, Washington había negado cualquier participación en el operativo. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México en 2024, aseguró entonces que la detención “no fue una operación nuestra”.
Un año y medio después de su captura, el Chapo volvió a fugarse de una cárcel de alta seguridad, la del Altiplano, en el Estado de México. Salió por un túnel la noche del 11 de julio 2015. Pero fue recapturado meses después y finalmente extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, justo cuando empezaba el primer gobierno de Donald Trump.
La operación del cartel quedó en manos de El Mayo y de los hijos de Guzmán Loera, los Chapitos.
Pero los vientos políticos en México volvieron a cambiar. Después de dos fraudes electorales, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de en julio de 2018 y meses después asumió el cargo con una consigna: dar vuelta a la página de la guerra de Calderón.
En varias ocasiones, López Obrador aseguró que la violencia criminal era la “peor herencia” que le habían dejado; llegó a admitir que podía poner en riesgo su proyecto de transformación.
No sacó al Ejército de las calles, como había prometido, pero puso a los militares a cargo de sus megaproyectos y también a organizar la campaña de vacunación durante la pandemia de covid 19. Creó la Guardia Nacional y concentró sus esfuerzos en la prevención y la atención de las causas, que resumió en una premisa: abrazos, no balazos.
Aunque la estrategia incluyó más que abrazos. En los seis años de su gobierno fueron detenidos más de 12,000 miembros del crimen organizado, entre ellos 39 dirigentes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima; 29 fueron extraditados a Estados Unidos.
En ese marco de acciones, el Ejército Mexicano intentó detener a Ovidio Guzmán, El Ratón, uno de los hijos de El Chapo que tienen actividades en la organización criminal, el 17 de octubre de 2019. El operativo mal ejecutado, que se conoce como “el culiacanazo”, derivó en la amenaza de masacre de civiles en la zona residencial de los militares, por lo que López Obrador ordenó liberar a Guzmán. “Yo asumo la responsabilidad”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la que el secretario de la Defensa dio una amplia explicación pública del operativo fallido.
Años después, en enero de 2023, Ovidio Guzmán fue detenido y extraditado. El departamento de Justicia lo acuso de cargos menores, asociados a la distribución de cinco kilos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y una tonelada de marihuana. El capo negoció un acuerdo con el gobierno estadounidense para acogerse al programa de testigos protegidos, para él y su familia.
En el gobierno de López Obrador fueron detenidos más de 12,000 miembros del crimen organizado, entre ellos 39 dirigentes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima; 29 fueron extraditados a Estados Unidos.
Pero la guerra por la herencia de la organización criminal provocó un aumento exponencial de la violencia en el estado. Y es ahí donde se enmarca la historia del avión del FBI y el Mayo Zambada.
Según la versión que se conoce, Zambada llegó a Estados Unidos en julio de 2024 después de que Joaquín Guzmán López —otro de los hijos del Chapo— lo engañó para que subiera a una avioneta con el pretexto de que tenía que arreglar unos problemas entre el gobernador, Rubén Rocha Moya y el rector de la Universidad, Cuén Ojeda. y lo llevó al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, muy cerca de El Paso, Texas.
Supuestamente ahí llegaron el 25 de julio y rápidamente fue detenido por las autoridades estadunidenses, por acuerdos previos con familiares de Guzmán. El gobierno mexicano solicitó información y el entonces embajador, Ken Salazar, respondió que ellos no habían tenido nada que ver. Días después, el gobierno de Estados Unidos acogió a 17 integrantes de la familia Guzmán.
Zambada, por su parte, se declaró culpable de delincuencia organizada, confesando haber pagado sobornos a políticos y militares mexicanos.
En un libro próximo a salir, cuyo adelanto presentó el diario Reforma, Ken Salazar asegura que un empresario “susurrador” le confesó que a López Obrador le preocupaba lo que Zambada pudiera decir en el juicio. Pero a la hora de ser cuestionado sobre el tema, el exembajador dijo que no tiene ningún elemento de sospecha sobre el expresidente.
Las preguntas son inevitables: ¿Por qué el FBI filtra ahora una información que el gobierno de Estados Unidos negó? ¿Por qué exhibe públicamente el avión en el que cometió un delito? ¿Por qué el exembajador publica un libro sobre el mismo tema justo en este momento?
AMLO y la DEA
El relato de la industria mediática pasó de asociar a López Obrador con el cartel de Sinaloa, porque había liberado a Ovidio Guzman, a que su detención fue un regalo para el presidente Joe Biden. Y de ahí a la preocupación de lo que puedan decir los narcos extraditados.
Lo cierto es que no hay elementos para establecer ninguna relación del expresidente con el cartel de Sinaloa, como sí la tuvieron Vicente Fox y Felipe Calderón. De hecho, en 2019, López Obrador anunció el fin del Plan Mérida, y la construcción de un nuevo acuerdo de seguridad bilateral con los Estados Unidos. Su argumento fue que ese dinero se usara para programas de desarrollo social, enfocando la seguridad en la prevención social
Y un año después ocurrió la que, según analistas, es la peor crisis en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, después del asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.
Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido el 16 de octubre de 2020 cuando aterrizó, con su familia, en el aeropuerto de Los Angeles, California. De acuerdo con el Departamento de Justicia, desde 2019 existía una orden de captura contra el jefe miliar, a quien la Fiscalía estadounidense acusó de lavado de dinero y conspiración para elaborar y exportar, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, varias toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana.
El relato de la industria mediática pasó de asociar a López Obrador con el cartel de Sinaloa, porque había liberado a Ovidio Guzman, a que su detención fue un regalo para el presidente Joe Biden. Y de ahí a la preocupación de lo que puedan decir los narcos extraditados.
Era la primera vez en la historia reciente que un militar de alto rango era detenido fuera de México y aunque en un principio López Obrador lo vio como parte de las fechorías de sus antecesores, después asumió la defensa del general como causa de soberanía nacional. Tras la intervención del gobierno mexicano, la Fiscalía se desistió de los cargos y Cienfuegos regresó a México, donde fue absuelto.
El mandatario mexicano siempre sostuvo que la DEA fabricó delitos contra Cienfuegos para meterse en las elecciones intermedias de 2021. Y para demostrarlo, ordenó publicar el expediente completo que envió el gobierno estadounidense.
Después, López Obrador envió al Congreso una iniciativa, aprobada en enero de 2021, para regular la actuación de agentes extranjeros en México, afiliándolos como funcionarios consulares y establecer que todas las embajadas acreditadas tendrían que comunicar cada mes toda la información que contribuyera a preservar la Seguridad Nacional. También endureció los reglamentos para que los agentes porten armas en México.
En Estados Unidos, tras la victoria de Joe Biden, la DEA inició una depuración de sus 4 mil 600 agentes en Estados Unidos y otros 69 países. El jefe de la oficina en México, Nicholas Palmeri, fue destituido discretamente por celebrar fiestas con narcotraficantes.
¿A quiénes protegen?
En marzo de 2023, congresistas y exfuncionarios de Estados Unidos exigieron a la Casa Blanca una intervención militar en México para exterminar a carteles de narcotráfico. Es una recurrente en cada periodo electoral. El último pretexto fue la epidemia de sobredosis por opioides mezclados con fentanilo, que causa un promedio de cien mil muertes al año.
Aunque los números no sostienen la afirmación: Nueve de cada 10 incautaciones de fentanilo en Estados Unidos ocurrieron en sitios legales de cruce fronterizo o en puntos de revisión dentro de suelo estadounidense. Es decir, los ciudadanos de Estados Unidos, que están sujetos a menos revisiones que los extranjeros, son los mejores y más eficientes contrabandistas.
En enero de 2024, en plena contienda electoral por la presidencia de México, la DEA filtró a medios internacionales los expedientes de una investigación infructífera del 2010 sobre un supuesto financiamiento del crimen organizado a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. El reportaje admitía que el Órgano de Control no encontró evidencia contundente que demostrara la acusación, y cerró la investigación.
Nueve de cada 10 incautaciones de fentanilo en Estados Unidos ocurrieron en sitios legales de cruce fronterizo o en puntos de revisión dentro de suelo estadounidense.
En abril de este año, las filtraciones del Hondurasgate revelaron que Estados Unidos está dispuesto a cualquier cosa para desestabilizar al gobierno mexicano. En ese marco debe entenderse la petición de detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios. Y también las distintas versiones que se han dado sobre la posibilidad de que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, estén negociando su incorporación al programa de testigos protegidos.
Washington juega sus cartas para ocultar la participación y responsabilidad de los expresidentes del PAN y del propio gobierno de Estados Unidos en el crecimiento y expansión del Cartel de Sinaloa y, al mismo tiempo, ejercer una presión política sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tiempos de canallas.
Foto: Diario Red
