Más de un centenar de economistas y académicos internacionales exigieron al Gobierno de Estados Unidos el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, al advertir que las restricciones económicas y financieras impuestas al país obstaculizan la respuesta humanitaria y las tareas de reconstrucción tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
Un total de 113 especialistas suscribieron un manifiesto dirigido a Washington y otras instituciones internacionales para reclamar la eliminación de las restricciones que pesan sobre el Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), instituciones financieras públicas y sectores estratégicos de la economía venezolana.
Entre los firmantes figuran economistas de reconocimiento internacional como Isabella Weber, Jeffrey Sachs y James K. Galbraith, quienes instaron al Departamento del Tesoro estadounidense a retirar las medidas coercitivas que afectan a los sectores petrolero, minero, bancario, financiero, de transporte, telecomunicaciones y viajes.
El pronunciamiento se produce después de los dos terremotos consecutivos que golpearon el pasado 24 de junio a Caracas y al menos siete estados del país, con especial impacto en La Guaira. De acuerdo con el balance oficial más reciente, los sismos dejaron al menos 3.685 muertos y 16.740 heridos.
Los académicos enfatizaron que “la emergencia es humana antes que política” y advirtieron que las labores de rescate, así como el suministro de agua, energía, alimentos y medicamentos, no pueden quedar condicionadas a trámites diplomáticos ni a restricciones financieras derivadas de la política de sanciones.
Un total de 113 especialistas suscribieron un manifiesto dirigido a Washington y otras instituciones internacionales para reclamar la eliminación de las restricciones que pesan sobre el Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), instituciones financieras públicas y sectores estratégicos de la economía venezolana
El manifiesto cuenta con el respaldo del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR). Su codirector, Mark Weisbrot, calificó de “acto bárbaro” la retención de miles de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano por parte de Estados Unidos y países europeos.
Weisbrot sostuvo que las sanciones contribuyeron a profundizar el deterioro económico del país y señaló que Venezuela perdió el 74% de su Producto Interno Bruto (PIB) entre 2012 y 2020, mientras quedó prácticamente aislada de los mercados financieros internacionales desde 2017.
Además del levantamiento de las sanciones estadounidenses, los firmantes reclamaron al Reino Unido el descongelamiento de las reservas de oro del BCV depositadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en unos 5.000 millones de dólares.
El documento también solicita a Portugal la devolución de 1.200 millones de dólares pertenecientes al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y depositados en Novo Banco, en cumplimiento de un fallo judicial emitido en 2023.
Los economistas dirigieron igualmente sus demandas al Fondo Monetario Internacional (FMI), al que solicitaron habilitar el acceso de Venezuela a 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) y aprobar un desembolso de emergencia de otros 4.000 millones de dólares mediante el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI).
El investigador del CEPR y exministro ecuatoriano Andrés Arauz denunció que el Departamento de Estado estadounidense, encabezado por Marco Rubio, obstaculiza el acceso del país sudamericano a esos recursos mediante la negativa a emitir la certificación 25B que reconoce al BCV como banco gubernamental.
El manifiesto reclama también una moratoria integral sobre la deuda externa venezolana, que incluye obligaciones en manos de empresas demandantes, tenedores de bonos emitidos durante la década de 1990 y acreedores oficiales como China y Rusia. La propuesta busca suspender temporalmente el pago de intereses, multas y otras obligaciones financieras para permitir que los recursos disponibles sean destinados a las labores de emergencia y a la reconstrucción de las zonas afectadas.
Los académicos enfatizaron que “la emergencia es humana antes que política” y advirtieron que las labores de rescate, así como el suministro de agua, energía, alimentos y medicamentos, no pueden quedar condicionadas a trámites diplomáticos ni a restricciones financieras derivadas de la política de sanciones
En esta línea, los firmantes denunciaron insuficientes las medidas anunciadas inicialmente por Washington, entre ellas 300 millones de dólares en asistencia, el envío de maquinaria para la remoción de escombros y una licencia temporal restringida para la realización de vuelos humanitarios.
Arauz, quien participó en la gestión económica del terremoto que golpeó la provincia ecuatoriana de Manabí en 2016, estimó que las pérdidas provocadas por el desastre en Venezuela equivalen aproximadamente al 10% del PIB nacional.
Ante la magnitud de la destrucción, el economista advirtió que Venezuela necesita importar de manera urgente maquinaria, tecnología y otros bienes indispensables para reconstruir la infraestructura dañada y evitar una mayor contracción de la actividad económica.
Los firmantes sostienen que mantener las sanciones en estas condiciones limita la capacidad del Estado venezolano para movilizar recursos, realizar transacciones internacionales y financiar las tareas de reconstrucción, por lo que reclamaron la eliminación inmediata de las restricciones económicas y financieras que impiden al país responder plenamente a la emergencia.
Foto: Diario Red
