Siete días después del primero de septiembre, tal vez por una cortesía política con la presidenta de México, el nuevo Poder Judicial de la Federación dará un primer informe este lunes, con una evaluación de 12 meses de una reforma constitucional inédita en México que derivó en la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte por medio del voto popular en junio de 2025.
El resumen de este primer año no puede hacerse sin datos concretos acerca de lo que era el anterior Poder Judicial mexicano: un déficit de casi 15 mil millones de pesos que dejó el desaparecido Consejo de la Judicatura Federal, que era encabezado por la última presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior a la reforma, Norma Piña, y el uso de nueve de cada 10 pesos en nómina, una realidad que se mantiene hasta ahora.
En la elección de 2024, el partido en el poder, Morena, obtuvo los escaños suficientes para contar con una mayoría calificada que pudiera votar cambios constitucionales que modificaran la estructura de los poderes de la república y, por fin, cambiaran el diseño de un Poder Judicial piramidal, mayoritariamente masculino en sus cargos principales, con un ejercicio de presupuesto casi autónomo y en franca oposición al gobierno encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, sus obras emblemáticas y los esfuerzos de su administración por abatir los índices de criminalidad heredados.
Poco después de la histórica votación que llevó a Claudia Sheinbaum Pardo a convertirse en la primera presidenta de México, en una fotografía conjunta, su antecesor y ella anunciaban la presentación de la reforma judicial para que fuera votada por el Congreso y diera paso a una elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros para junio de 2025.
Un diseño complejo de las boletas, sin fotografías de los aspirantes y relacionadas con números y colores, obligaron a elaborar muchas versiones de guías llamadas “acordeones” para ayudar al elector a identificar a los candidatos. Los comicios superaron los 13 millones de votos y marcaron la antesala del arranque de un nuevo Poder Judicial con mayoría de mujeres en tres de sus cuatro órganos jurisdiccionales (Suprema Corte de Justicia, Órgano de Administración Judicial y Tribunal de Disciplina Judicial) y el ingreso de 846 nuevos juzgadores elegidos en las urnas, la primera parte de un total de cerca de 1,700 que se completará con otra elección en 2028.
México ha dado un ejemplo de que la elección de juzgadores es un ejercicio democrático que vale la pena continuar
Bajo un pronóstico catastrofista de la oposición, los ministros salientes y los medios tradicionales de comunicación, el primer año del nuevo Poder Judicial ha transcurrido con cierta normalidad. Los juzgados y tribunales mantuvieron su operación, a pesar de que el reto del rezago de cientos de miles de asuntos permanece y las medidas de austeridad que son el distintivo de la 4T afectaran a las unidades administrativas, pero no a las barandillas, que es a donde llegan los asuntos de carácter federal que preocupan a los mexicanos, incluyendo los casos penales y de alta sensibilidad contra el crimen organizado y los delitos de cuello blanco.
Con sus claroscuros, México ha dado un ejemplo de que la elección de juzgadores es un ejercicio democrático que vale la pena continuar. La concentración del gasto en el Órgano de Administración Judicial, que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal, generó ahorros, evitó dispendio y pudo cerrar el déficit que se dejó como una primera bomba de tiempo a punto de explotar.
El Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias funciones de sanción, evaluó a los juzgadores electos y ha castigado a una decena de ellos, con investigaciones permanentes sobre la actuación de quienes hoy son considerados servidores públicos y no una élite por encima de cualquier supervisión.
Errores y escándalos aparte (magnificados en medios de comunicación), la reforma judicial mexicana todavía tiene pendientes, pero avanza. Los intereses que rodean a la Suprema Corte, a los tribunales y juzgados aún son inmensos y representan un reto para sanear un poder que le fue entregado a la derecha, en un intercambio acordado con el penúltimo presidente del país de origen priísta, Ernesto Zedillo, y ratificado por el último de ese partido, Enrique Peña Nieto.
La reforma judicial mexicana todavía tiene pendientes, pero avanza
Como en otras naciones del continente, el lawfare es una realidad y un arma para debilitar a los gobiernos de izquierda; en el caso mexicano se apostó por el fracaso inicial, la permanencia de la corrupción y de la impunidad, además de la eventual debilidad del cambio en la transición hacia otra realidad judicial. Hasta el momento, esto no ha ocurrido.
Sin embargo, en la primera parte del año se tuvo que actualizar la reforma original por medio de otra votación mayoritaria que no estuvo exenta de polémica al extenderle el periodo de gestión a tres magistrados del Tribunal Electoral y la inexplicable renuncia de una de dos mujeres de este órgano hace unas semanas, lo que lo dejó en cinco integrantes de siete que deberían ser.
Los números demuestran que la Corte atrae más asuntos, a pesar de que resuelve menos en promedio, con menos personal y dos salas que fueron eliminadas. Con el mismo presupuesto de 2025 —70 mil millones de pesos—, el Órgano de Administración Judicial hizo frente este año a todas las necesidades que representa ese desequilibrio entre pago de sueldos y todo lo demás que demanda el sistema judicial.
Si bien existen campañas periódicas en columnas y editoriales sobre la incertidumbre que provoca este nuevo Poder Judicial, tanto la Corte como los juzgados y tribunales llevan un récord equilibrado de fallos a favor de los empresarios, tanto como del gobierno, por lo que ese argumento ha perdido fuerza en este primer aniversario.
Lo cierto es que México tiene un Poder Judicial distinto, funcional y mucho más austero
Faltan capítulos en esta historia: la sucesión en la Corte comenzó demasiado temprano y las pugnas por relevar al presidente de origen indígena Hugo Aguilar Ortiz han rondado desde inicios del año. Hay una contradicción legal que pone en entredicho si quien sigue como presidenta es la ministra Lenia Batres, segunda en número de votos totales y de posiciones poco favorables al capital y a ciertos empresarios, o la elección de la ministra Yasmín Esquivel, tercera en la votación de hace un año, con un perfil más conciliador. Ambas fueron designadas por López Obrador a la Corte antes de la reforma.
En tanto, México tiene un Poder Judicial distinto, funcional y mucho más austero, que es vigilado de cerca por aquellos que buscan que el gobierno de Claudia Sheinbaum permanezca como un faro de la izquierda latinoamericana y por los intereses creados, económicos y políticos, que hoy tienen un balón de oxígeno de parte de la ultraderecha y de la administración de Donald Trump.
Fotografía. Diario Red
