Una investigación de Los Angeles Times reveló que al menos 13 ciudadanos mexicanos habrían muerto en ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas como “narcolanchas”. Los bombardeos comenzaron en septiembre pasado como parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump contra el tráfico marítimo de drogas y han dejado, según el reporte, por lo menos 221 personas fallecidas.
Entre las víctimas estarían ocho pescadores que salieron en febrero desde Punta Pérula, Jalisco, y nunca regresaron. Su desaparición coincidió con un comunicado del Comando Sur, difundido el 16 de febrero, en el que anunció la destrucción de dos embarcaciones y la muerte de ocho personas a quienes identificó, sin presentar pruebas públicas, como integrantes de organizaciones terroristas.
Habitantes de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, señalaron que algunos de los desaparecidos obtenían ingresos adicionales transportando combustible para abastecer embarcaciones en altamar. Aunque personas vinculadas con el narcotráfico habrían confirmado que las lanchas fueron atacadas, Estados Unidos no ha transparentado la identidad de los muertos ni las evidencias utilizadas para justificar los bombardeos.
La Casa Blanca mantiene en secreto ubicaciones, pruebas y posibles sobrevivientes
El gobierno estadounidense ha reconocido 64 ataques en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe, pero se ha negado a revelar las coordenadas exactas, la identidad de las personas que viajaban en las embarcaciones o los criterios empleados para determinar que participaban en actividades delictivas. Tampoco ha informado si hubo sobrevivientes, si fueron rescatados o dónde se encuentran.
La Organización de las Naciones Unidas y especialistas en derecho internacional han cuestionado estas operaciones al considerar que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, debido a que Washington ataca a personas sin detenerlas, someterlas a investigación o permitirles ejercer su derecho a la defensa. La política de “mano dura” de Trump sustituye así los procedimientos judiciales por acciones militares letales y sin supervisión pública.
La Armada de México únicamente confirmó que ningún ataque ocurrió dentro de la Zona Económica Exclusiva mexicana, que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la costa. Sin embargo, esa precisión no esclarece la muerte de los mexicanos ni elimina la responsabilidad de Estados Unidos de informar qué ocurrió, entregar pruebas y responder por una estrategia que ya ha causado temor entre comunidades pesqueras del país.
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