La presencia de aproximadamente 350 militares estadounidenses en Colombia abrió una controversia sobre la soberanía nacional y el control del Congreso sobre las actividades de tropas extranjeras, luego de que legisladores exigieran explicaciones al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó esclarecer si el despliegue cuenta con los requisitos constitucionales necesarios, ante las dudas sobre el alcance de los ejercicios conjuntos anunciados por Washington y Bogotá.
Los uniformados participarán junto con más de 400 soldados colombianos en maniobras programadas hasta el 11 de noviembre, principalmente en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el departamento de Cundinamarca.
El Ministerio de Defensa presentó las actividades como entrenamientos para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y las amenazas relacionadas con drones.
Sin embargo, Henríquez advirtió sobre la necesidad de distinguir entre capacitación militar y tránsito de tropas extranjeras, debido a que este último puede requerir autorización del Senado.
El legislador propuso solicitar la comparecencia del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para conocer los objetivos de la misión, las condiciones del despliegue y los procedimientos aplicados.
Advierten riesgos por presencia militar estadounidense
Las dudas sobre la participación de fuerzas estadounidenses surgieron antes del actual despliegue. En septiembre, el senador opositor Iván Cepeda cuestionó un sobrevuelo de helicópteros militares de Estados Unidos en Tumaco, Nariño, y anunció acciones judiciales por la ausencia de autorización legislativa.
La controversia también alcanza la política de seguridad del presidente De la Espriella, quien ha fortalecido la cooperación con Washington mediante su adhesión al Escudo de las Américas, impulsado por Donald Trump.
La llegada de tropas extranjeras reaviva el debate sobre los límites de esa colaboración y la necesidad de evitar operaciones militares fuera del control institucional colombiano.
Aunque el Gobierno sostiene que se trata de capacitación, reportes periodísticos han planteado dudas sobre una eventual participación estadounidense en operaciones contra grupos armados.
Un antecedente jurídico de 2020 permite ciertas actividades temporales de entrenamiento sin autorización parlamentaria, pero esa interpretación no se extiende automáticamente a operaciones militares.
El punto pendiente es determinar con claridad qué actividades realizarán los soldados estadounidenses y bajo qué mecanismos de supervisión, antes de establecer si existe alguna irregularidad constitucional.
Fotografía: Redes
