El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó suspender de manera inmediata el proceso de transición con el gobierno saliente de Gustavo Petro, en medio de una creciente confrontación política tras el balotaje de junio. La decisión ocurre a un mes de la toma de posesión prevista para el 7 de agosto y profundiza la incertidumbre institucional en un país marcado por la polarización entre la izquierda y la ultraderecha.
De la Espriella acusó a Petro y al excandidato oficialista Iván Cepeda de impulsar un supuesto plan para mantenerse en el poder mediante un “golpe de Estado”, aunque no presentó pruebas que sostengan esa afirmación. El señalamiento elevó el tono del conflicto, pues el presidente electo convirtió una disputa por la legitimidad electoral en una acusación de ruptura constitucional contra el gobierno saliente.
El abogado conservador, respaldado por sectores de derecha y por el presidente estadounidense Donald Trump, también pidió a las Fuerzas Armadas proteger la Constitución y no obedecer órdenes que, según él, fueran contrarias a la democracia. Ese llamado generó preocupación porque involucra directamente a los militares en una disputa política que debería resolverse por vías institucionales y electorales.
La derecha endurece el discurso en plena transición
La suspensión del empalme se dio después de que Petro desconoció la legitimidad del triunfo de De la Espriella y anunció que el Pacto Histórico presentará una demanda de nulidad de las elecciones. Sin embargo, el mandatario saliente también sostuvo que entregará el poder al concluir su mandato constitucional, por lo que la transición quedó atrapada entre los cuestionamientos electorales de Petro y la respuesta de confrontación del presidente electo.
De la Espriella justificó la suspensión al afirmar que el proceso de entrega-recepción se había convertido en una revisión exhaustiva de la gestión de Petro, con señalamientos sobre narcotráfico, contratos estatales, clientelismo y fallas en el sistema de salud. No obstante, su decisión de romper el diálogo institucional muestra una estrategia de presión política que endurece el ambiente antes de asumir el poder.
El caso exhibe el inicio de una transición marcada por desconfianza, acusaciones cruzadas y un discurso de derecha cada vez más agresivo frente al gobierno saliente. Aunque el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a De la Espriella y autoridades han señalado que los cuestionamientos no frenan su posesión, la suspensión del empalme coloca a Colombia ante un relevo presidencial tenso, con riesgos de mayor confrontación política y social.
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