La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAFP), Gloria Cuartas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Colombia contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, tras una serie de declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño y personas firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016.
La funcionaria formalizó la denuncia el 15 de julio y argumentó que las expresiones del mandatario electo podrían incrementar los riesgos para quienes participaron en el proceso de reincorporación derivado del acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las FARC.
En el documento entregado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, Cuartas sostuvo que el contexto de violencia que aún enfrentan excombatientes y líderes vinculados al proceso de paz obliga a las autoridades a investigar cualquier conducta que pueda incentivar agresiones o poner en riesgo su integridad.
«Los hechos ameritan el inicio de las investigaciones penales a que haya lugar», señala la denuncia presentada por la directora de la Unidad.
Piden investigar declaraciones y reforzar medidas de protección
Además de solicitar la apertura de una investigación penal, Gloria Cuartas pidió a la Fiscalía preservar y realizar un análisis forense del material audiovisual difundido el 14 de julio, así como verificar su circulación en plataformas digitales para determinar el alcance de las declaraciones.
La funcionaria también solicitó que la Unidad Nacional de Protección y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualicen las evaluaciones de riesgo de Rodrigo Londoño y de las organizaciones que agrupan a personas firmantes del Acuerdo Final, al considerar que el discurso público puede traducirse en amenazas contra esa población.
La denuncia también incluye un apartado relacionado con Pilar Rueda Jiménez, funcionaria de la JEP, por presuntas expresiones que podrían constituir violencia política de género. Cuartas pidió que las autoridades analicen esos hechos y determinen la aplicación de las medidas previstas en la legislación colombiana.
La Unidad defiende la permanencia del Acuerdo de Paz
La acción judicial surgió después de que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz respondiera a los anuncios del gobierno entrante sobre una eventual desaparición de esa dependencia y de otros organismos creados para ejecutar lo pactado en 2016.
En su posicionamiento, la dependencia recordó que el Acuerdo Final de Paz constituye una política de Estado respaldada por reformas constitucionales y resoluciones de la Corte Constitucional, por lo que ningún gobierno puede desconocer los compromisos adquiridos mediante simples decisiones administrativas.
La Unidad también advirtió que cualquier intento por debilitar la arquitectura institucional construida tras la firma del acuerdo genera incertidumbre entre las personas firmantes, incrementa la tensión política y puede afectar las garantías de seguridad, en un momento en que distintos sectores continúan exigiendo la implementación integral de los compromisos asumidos por el Estado colombiano.
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