EE.UU. demanda a Nueva York, Connecticut y Vermont por apoyos educativos a migrantes

El Departamento de Justicia acumula 17 demandas contra políticas estatales relacionadas con matrículas para estudiantes indocumentados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas contra Nueva York, Connecticut y Vermont por leyes que permiten a determinados estudiantes indocumentados acceder a matrículas universitarias para residentes y apoyos financieros estatales.

La administración federal sostiene que estas políticas entran en conflicto con la legislación nacional, debido a que ciudadanos estadounidenses provenientes de otros estados pueden enfrentar tarifas universitarias más altas. Por ello, solicitó a los tribunales impedir la aplicación de las normas cuestionadas.

En Nueva York, el programa conocido como NYS DREAM Act permite que estudiantes indocumentados y otros alumnos que cumplen determinados requisitos puedan solicitar apoyos económicos administrados por el estado para continuar sus estudios superiores.

Connecticut, por su parte, permite desde 2011 que estudiantes indocumentados que reúnen ciertos requisitos educativos accedan a tarifas de matrícula para residentes. Posteriormente, el estado amplió el acceso a determinados apoyos financieros institucionales.

La acción contra Vermont también busca frenar disposiciones relacionadas con matrículas reducidas y asistencia económica para estudiantes sin importar determinadas condiciones migratorias, de acuerdo con la demanda federal.

Departamento de Justicia suma 17 demandas

Con los tres nuevos casos, el Departamento de Justicia acumula 17 demandas contra políticas estatales de este tipo. La dependencia informó que acciones similares ya derivaron en resoluciones favorables a su postura en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois.

Además, mantiene litigios relacionados con políticas educativas para estudiantes indocumentados en estados como California, Nueva Jersey, Massachusetts, Maryland, Colorado y Virginia, entre otros.

Los tribunales serán los encargados de determinar si las disposiciones de Nueva York, Connecticut y Vermont pueden mantenerse vigentes o si deberán modificarse ante los argumentos planteados por el Gobierno federal.

Fotografía: Redes

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