El gobierno de Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades turísticas, energéticas, comerciales y militares de Cuba, en otra escalada de presión económica contra la isla. Washington incluyó al Ministerio de Turismo y a empresas estatales vinculadas con el combustible, el comercio exterior, los puertos, los seguros y los servicios financieros.
La ofensiva alcanza a GECOMEX, GEMAR, Caudal, ANTEX, ENETEC y COREYDAN, además de las Milicias de Tropas Territoriales, las Brigadas de Respuesta Rápida y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Los bienes bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y las transacciones con estas estructuras enfrentan nuevas prohibiciones, restricciones y riesgos financieros.
Washington sostiene que las entidades sancionadas financian al Estado cubano o participan en mecanismos de vigilancia y represión. Sin embargo, las medidas también golpean sectores esenciales para la entrada de divisas, el transporte marítimo y la importación de combustibles, en un país que atraviesa apagones, escasez energética y una de sus peores crisis económicas en décadas.
La administración Trump mantiene desde enero un cerco sobre el suministro petrolero a Cuba, política que expertos de Naciones Unidas calificaron como una forma de asfixia energética contraria a los derechos humanos. La falta de combustible ha agravado los cortes eléctricos, afectado el transporte y reducido la capacidad de servicios básicos, mientras Washington continúa ampliando las sanciones.
El Departamento del Tesoro estableció que las personas y entidades extranjeras podrán concluir determinadas operaciones pendientes con GECOMEX y GEMAR hasta el 12 de agosto de 2026. No obstante, advirtió que deberán actuar con cautela y consultar a la OFAC cuando no puedan liquidar sus transacciones, lo que extiende la presión estadounidense más allá de sus propias fronteras.
El canciller Bruno Rodríguez rechazó la nueva ofensiva y sostuvo que su verdadero propósito es deteriorar las condiciones de vida y las fuentes de sustento de la población cubana. Desde La Habana, las medidas fueron presentadas como una profundización del castigo económico contra todo el país, pese a que Washington insiste en describirlas como acciones dirigidas únicamente contra el gobierno.
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