El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra 39 personas y 16 empresas presuntamente vinculadas con la estructura económica del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03”. Las autoridades estadounidenses lo identifican como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y como uno de los principales dirigentes de la organización criminal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló que “El Pelón” enfrenta una acusación federal por narcotráfico en el Distrito de Columbia y que existe una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita detenerlo o conseguir una condena. Antes de asumir mayores responsabilidades dentro del CJNG, habría encabezado un brazo armado relacionado con hechos violentos y operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
La medida también alcanzó las redes de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y Gerardo Botello Rozalez, “El Cachas”, así como a familiares, colaboradores y empresas relacionadas con ambos. Las compañías señaladas operan en sectores como gasolineras, tequila, textiles, seguridad privada, construcción, muebles, calzado infantil y agroindustria, actividades que presuntamente servían para ocultar recursos y mantener activos de la organización.
UIF detecta empresas fachada y movimientos financieros irregulares
La acción no derivó únicamente de investigaciones estadounidenses, pues la Unidad de Inteligencia Financiera de México realizó análisis financieros, fiscales y corporativos para identificar posibles operaciones de lavado de dinero. La UIF detectó transferencias internacionales, compras de inmuebles, joyas y vehículos de lujo, movimientos en efectivo y operaciones con criptomonedas, además de diferencias entre los ingresos declarados y los recursos observados.
Tras el análisis, las autoridades mexicanas incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas a los sujetos relacionados con la designación internacional y agregaron a otras ocho personas y empresas vinculadas con la misma estructura. La UIF también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. El bloqueo de recursos en México se ejecutó con fundamento en la legislación nacional y en información procesada por instituciones mexicanas.
Las sanciones estadounidenses impiden que las personas y empresas designadas utilicen activos bajo jurisdicción de ese país o realicen operaciones con ciudadanos y compañías estadounidenses. Sin embargo, estas medidas administrativas no sustituyen los procesos judiciales ni representan por sí solas una sentencia penal. Desde 2015, Washington ha incluido en sus listas a más de 250 personas y entidades relacionadas con el CJNG, mientras el alcance real de estas acciones depende de su coordinación con investigaciones, bloqueos y procedimientos desarrollados en México.
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