El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta para que las instituciones financieras reporten operaciones consideradas sospechosas vinculadas con trabajadores migrantes sin autorización laboral y sus empleadores. La medida fue difundida por FinCEN, oficina del Departamento del Tesoro encargada de combatir delitos financieros, y forma parte del endurecimiento migratorio impulsado por la administración de Donald Trump.
El aviso pide a bancos y entidades financieras vigilar posibles esquemas relacionados con contratación irregular, robo de identidad, fraude fiscal en nóminas y uso de documentos como el ITIN para abrir cuentas o solicitar productos de crédito. Aunque el gobierno estadounidense presenta la medida como una acción contra delitos financieros, el alcance del aviso coloca bajo mayor vigilancia a comunidades migrantes que ya enfrentan condiciones de precariedad y persecución.
FinCEN incluyó 18 indicadores para detectar operaciones que, según la autoridad, podrían estar relacionadas con empleadores que contratan o explotan a trabajadores sin autorización. También solicitó que los reportes de actividad sospechosa usen la clave FINANCIALINTEGRITY-2026-A002, con el fin de identificar los casos vinculados a esta alerta. La dependencia además pidió denunciar a empleadores ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La alerta también pone atención en el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN, cuando se presenta en lugar de un número de Seguro Social. Este punto resulta especialmente delicado porque el ITIN ha sido utilizado durante años por personas migrantes para cumplir obligaciones fiscales, aun cuando no tengan estatus migratorio regular, lo que abre la puerta a mayor escrutinio financiero.
El gobierno estadounidense sostiene que algunos trabajadores indocumentados podrían recurrir a información personal de ciudadanos o residentes legales para obtener empleo, salarios o servicios financieros. Sin embargo, la propia lógica de la medida desplaza el peso de la vigilancia hacia el sistema bancario y puede terminar criminalizando a trabajadores migrantes antes que a las redes empresariales que se benefician de su mano de obra barata.
De acuerdo con FinCEN, en 2025 las instituciones financieras reportaron más de 2 mil 500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude fiscal en nómina. La nueva alerta confirma una estrategia más amplia de Washington: usar el sistema financiero como herramienta de control migratorio, en un país cuya economía depende profundamente del trabajo de millones de personas migrantes.
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