Un juez federal de California asestó un nuevo revés a la política migratoria de Donald Trump al impedir que agentes de ICE realicen detenciones en tribunales de inmigración. La resolución frena una práctica que convertía los espacios judiciales en puntos de captura para personas migrantes, incluso cuando acudían a cumplir con sus audiencias y procesos legales.
El juez P. Casey Pitts determinó que el gobierno estadunidense no presentó una explicación razonada para sostener esta política, impulsada tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. El fallo cuestiona directamente una estrategia migratoria que ha buscado ampliar el poder de ICE sin garantizar plenamente el debido proceso, especialmente para solicitantes de asilo y personas en procedimientos de deportación.
De acuerdo con la resolución, la presencia de agentes migratorios en los tribunales generaba un efecto disuasorio sobre quienes necesitaban presentarse ante las cortes. La práctica colocaba a los migrantes en una trampa institucional: si acudían podían ser detenidos, pero si faltaban enfrentaban mayores riesgos de deportación, una dinámica criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos.
La decisión también alcanza a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, conocida como EOIR, y revierte medidas que ampliaban la capacidad de detención en instalaciones temporales. Con ello, el juez restableció límites que obligan al gobierno de Estados Unidos a justificar sus operativos y a no usar los tribunales como extensión del aparato persecutorio migratorio.
La administración Trump respondió a través de James Percival, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, quien defendió la línea dura contra migrantes y acusó al tribunal de favorecer una agenda de fronteras abiertas. Su reacción confirmó el discurso con el que Washington ha intentado justificar redadas, detenciones y políticas de miedo contra comunidades migrantes.
El fallo representa una victoria judicial para quienes denuncian los excesos de ICE, pero también exhibe el fondo de la política migratoria trumpista. Estados Unidos vuelve a quedar bajo cuestionamiento por convertir la migración en un asunto de castigo, criminalización y control, aun cuando se trata de personas que buscan ejercer derechos dentro del propio sistema judicial.
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