Estados Unidos anunció la revocación y restricción de visas para funcionarios, exfuncionarios, jueces y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes el gobierno de Donald Trump señala por presuntos actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico o acciones contra instituciones democráticas.
La medida alcanza a 27 personas entre funcionarios, exfuncionarios y otros ciudadanos latinoamericanos, además de familiares afectados por determinadas restricciones migratorias. Washington presentó la decisión como parte de su estrategia regional contra la corrupción y el crimen organizado.
Bolivia concentra la mayor parte de los casos. El Departamento de Estado informó sobre medidas contra fiscales, jueces, un exministro, un integrante de la Policía y un empresario. Además, el fiscal general boliviano Roger Mariaca fue declarado inelegible para ingresar a Estados Unidos, luego de que Washington lo acusara de aceptar sobornos vinculados con actividades de narcotráfico y de favorecer a personas señaladas por delitos violentos. Estas acusaciones corresponden al gobierno estadounidense.
En Colombia fueron señalados el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu, mientras que en Ecuador las restricciones alcanzaron a dos ciudadanos cuyas identidades no fueron difundidas. Perú registró una medida contra Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Tribunal Constitucional de Lima.
Medidas forman parte del Escudo de las Américas
El gobierno estadounidense vinculó las restricciones con Escudo de las Américas, alianza regional impulsada durante 2026 para coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman parte del mecanismo.
La coalición reunió recientemente a gobiernos de la región durante la Asamblea General de Naciones Unidas y acordó medidas financieras, migratorias y judiciales contra organizaciones identificadas por sus integrantes como amenazas criminales.
Washington sostiene que las restricciones de entrada serán utilizadas contra personas que, según sus investigaciones, participen en corrupción o narcotráfico y afecten instituciones democráticas.
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