Un grupo de 24 expertos independientes vinculados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió sobre los riesgos de la política de Estados Unidos que permite deportar migrantes hacia países distintos a los de su nacionalidad, incluso cuando no tienen vínculos familiares, culturales o sociales con esos destinos.
Los especialistas señalaron que este mecanismo puede exponer a las personas expulsadas a tortura, discriminación, trata de personas, desapariciones y otras formas de violencia, especialmente cuando se trata de solicitantes de asilo o personas que previamente huyeron de persecución.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, su administración ha ampliado los acuerdos con terceros países para acelerar las expulsiones. Datos recopilados por organizaciones especializadas indican que más de 25 mil migrantes han sido enviados a por lo menos 29 países diferentes a los suyos, entre ellos Liberia, Uganda, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana.
Entre los latinoamericanos afectados se encuentran ciudadanos de Cuba, Venezuela y Colombia enviados a Liberia. Ese país africano acordó recibir hasta mil 200 personas deportadas desde Estados Unidos, independientemente de que tengan nacionalidad liberiana.
Justicia estadounidense cuestiona política de deportaciones
La controversia también llegó a los tribunales. El Primer Circuito de Apelaciones determinó recientemente que la política aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional no garantiza adecuadamente el debido proceso, al limitar la posibilidad de que los migrantes aleguen riesgos de persecución o tortura antes de ser enviados a otro país. La administración Trump mantiene una disputa judicial para conservar este mecanismo.
Otro caso relevante es el del hondureño Brayan Omar Sánchez Servellón, quien fue enviado a República Centroafricana. Una jueza federal ordenó posteriormente al Gobierno estadounidense gestionar su regreso después de concluir que su expulsión no respetó garantías procesales.
Los expertos internacionales pidieron frenar estas deportaciones y garantizar evaluaciones individuales antes de trasladar personas a países donde podrían enfrentar nuevos riesgos.
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