Autoridades de Honduras vincularon con el Cártel Jalisco Nueva Generación el operativo en el que murieron cinco agentes antipandillas en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, al norte del país. De acuerdo con la Policía hondureña, la acción estaba dirigida contra una presunta red de narcotráfico encabezada por Heber Argueta, señalado por supuestos nexos con estructuras asociadas al cártel mexicano.
El operativo se realizó tras el allanamiento de una vivienda donde, según las autoridades, se refugiaban integrantes de la organización criminal. Durante la intervención, los agentes fueron atacados, retenidos y posteriormente asesinados en una zona cercana a la frontera con Guatemala, mientras dos civiles también murieron en el enfrentamiento y su presunta participación en los hechos sigue bajo investigación.
El director de comunicación de la Policía hondureña, Wilber Mayes, explicó que Argueta habría tenido vínculos con la estructura criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Según esa versión oficial, el hondureño habría recibido capacitación para organizar operaciones criminales en la región, aunque las autoridades no han confirmado si se encontraba en la vivienda allanada durante el operativo.
La muerte de los cinco policías ocurrió en una jornada de violencia extrema en Honduras, marcada también por el asesinato de al menos 19 personas en una finca del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón. Las autoridades atribuyen ese ataque a disputas entre grupos criminales que operan en zonas vinculadas con plantaciones de palma aceitera, conflictos territoriales y rutas del narcotráfico.
Tras el operativo fallido en Omoa, el gobierno hondureño suspendió al director y a otros dos altos mandos de la división antipandillas, al señalar que la intervención no habría seguido los protocolos correspondientes. La medida busca abrir una revisión interna sobre la planeación del despliegue, la actuación de los mandos y las fallas que pudieron haber expuesto a los agentes durante la operación.
La escalada de violencia ocurre pocos días después de que el Congreso de Honduras aprobara reformas para permitir una mayor participación de militares en tareas de seguridad pública, endurecer penas por extorsión y catalogar a cárteles y pandillas como organizaciones terroristas. El caso vuelve a colocar bajo presión al Estado hondureño frente al avance de redes criminales transnacionales, especialmente en corredores estratégicos para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y México.
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