La situación en los centros de detención migratoria de Estados Unidos volvió a colocarse bajo escrutinio público, luego de que una huelga de hambre y laboral en Delaney Hall, Nueva Jersey, cumpliera seis días y coincidiera con nuevos reportes sobre muertes bajo custodia del ICE. La protesta de cientos de migrantes detenidos abrió un nuevo frente de presión contra la política migratoria del gobierno de Donald Trump, en medio de denuncias por condiciones deficientes, falta de atención médica y uso de la fuerza contra familiares y activistas.
La movilización comenzó cuando alrededor de 300 personas recluidas en Delaney Hall firmaron un documento para denunciar las condiciones dentro del centro y exigir la liberación de detenidos en situación vulnerable, entre ellos personas enfermas, mujeres embarazadas y jóvenes. Legisladores demócratas de Nueva Jersey y Nueva York acudieron al lugar para realizar inspecciones, mientras organizaciones civiles y familiares mantienen un plantón permanente afuera de las instalaciones, donde denunciaron agresiones de agentes federales con gas pimienta, bastones y violencia física.
El gobierno de Trump rechazó las acusaciones y defendió el funcionamiento de los centros migratorios. El mandatario sostuvo que las instalaciones bajo control federal ofrecen condiciones adecuadas y vinculó a los detenidos con perfiles criminales, mientras el secretario de Seguridad Interna minimizó la huelga y negó que existan carencias graves. Sin embargo, legisladores que ingresaron a Delaney Hall afirmaron que encontraron madres, padres, estudiantes y trabajadores migrantes, no el perfil descrito por la Casa Blanca.
El caso se agravó por el papel de Geo Group, empresa privada que opera Delaney Hall y otros centros de detención señalados por organizaciones defensoras de migrantes. La gobernadora Mikie Sherrill y varios legisladores han pedido cerrar este tipo de instalaciones, al considerar que el modelo privado prioriza ganancias sobre derechos básicos. La protesta también comenzó a extenderse a otros puntos del país, como Adelanto, California, donde al menos 20 detenidos iniciaron otra huelga por condiciones insalubres.
A la crisis por las condiciones de detención se sumó una investigación que documenta al menos 10 suicidios en centros del ICE desde enero de 2025, durante el actual mandato de Trump. Las muertes forman parte de 51 decesos bajo custodia migratoria en ese periodo, una cifra que organizaciones y especialistas consideran alarmante por la posible falta de atención médica, psicológica y supervisión adecuada dentro de las instalaciones.
Uno de los casos que elevó la presión internacional fue el de Brayan Rayo Garzón, ciudadano colombiano y veterano del ejército de su país, quien murió tras permanecer detenido en Misuri. Según los reportes, había solicitado apoyo de salud mental y comunicación con su madre antes de ser encontrado inconsciente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció una nota de protesta contra Estados Unidos, mientras activistas advierten que la crisis en los centros del ICE ya no se limita a Delaney Hall, sino que refleja un problema nacional de derechos humanos.
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