El gobierno de Israel reveló un plan para reubicar a toda la población de Gaza—2.3 millones de personas—en un campamento en la ciudad sureña de Rafah, lo que ha desatado fuertes críticas por violar el derecho internacional y los derechos humanos básicos. La iniciativa, según reportes de medios israelíes, fue confirmada por el ministro de Exteriores, Israel Katz, quien instruyó al ejército a preparar esta “ciudad humanitaria” para recibir, en una primera etapa, a 600 mil palestinos.
Este campamento estaría completamente controlado por fuerzas israelíes, que realizarían filtros de seguridad para impedir que salgan del lugar, supuestamente para evitar el ingreso de miembros de Hamas. El plan podría comenzar durante una posible tregua de 60 días que se negocia actualmente entre Israel y Hamas.
Organizaciones y expertos en derechos humanos han condenado la propuesta, calificándola como una forma encubierta de limpieza étnica. El abogado israelí de derechos humanos Michael Sfard afirmó al periódico The Guardian que se trata de “un plan operacional para cometer un crimen contra la humanidad”, al implicar una transferencia forzada de población como antesala a una deportación masiva fuera del enclave palestino.
La ONU ya ha advertido que el traslado forzoso de civiles en un territorio ocupado constituye una grave violación del derecho internacional, equiparable a actos de limpieza étnica. Hasta el momento, ni la Autoridad Palestina ni Hamas han emitido un pronunciamiento oficial sobre el plan.
Durante una reunión con el expresidente Donald Trump en Washington, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó una propuesta aún más radical: la reubicación permanente de la población palestina fuera de Gaza. “Si quieren quedarse, pueden quedarse, pero si quieren irse, deben tener esa opción”, dijo Netanyahu, elogiando lo que calificó como “una visión brillante” de Trump.
Por su parte, Trump celebró la supuesta cooperación de países vecinos para concretar el plan, aunque no ofreció detalles sobre cuáles serían esos países ni cómo se llevaría a cabo la deportación masiva.
En contraste, varios Estados árabes han rechazado enérgicamente cualquier intento de desplazar a la población palestina. En marzo, respaldaron una alternativa impulsada por Egipto con un fondo de 53 mil millones de dólares para la reconstrucción de Gaza sin expulsar a sus habitantes. Además, declararon que el desplazamiento forzado constituye “una violación flagrante del derecho internacional, un crimen contra la humanidad y un acto de limpieza étnica”.
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