El Gobierno de Israel enfrenta nuevas acusaciones internacionales por la violencia ejercida contra la población palestina, luego de que una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas documentara presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Cisjordania, además de reiterar sus conclusiones sobre actos de genocidio en Gaza.
El informe, presentado este lunes 26 de octubre ante la Asamblea General de la ONU, atribuye a las autoridades israelíes acciones de exterminio, persecución, tortura, violación y otras formas de violencia sexual contra civiles palestinos.
La investigación advierte que estas prácticas no constituyen únicamente episodios aislados, sino que, según sus conclusiones, forman parte de una política que ha provocado desplazamientos forzados y graves afectaciones a la población.
Entre octubre de 2023 y septiembre de 2026, los ataques aéreos israelíes dejaron 254 palestinos muertos en Cisjordania, frente a seis fallecimientos registrados por operaciones similares entre 2018 y principios de octubre de 2023.
El presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar, explicó que los asesinatos, las lesiones y la destrucción de viviendas reflejan, de acuerdo con la investigación, una estrategia destinada a expulsar a comunidades palestinas de sus territorios e imponerles condiciones de vida insostenibles.
Además, más de 34 mil palestinos permanecían desplazados hasta agosto de 2026, como consecuencia de operaciones militares desarrolladas desde enero de 2025, lo que representa el mayor desplazamiento registrado en Cisjordania desde 1967.
ONU denuncia persecución contra niños palestinos
La comisión también puso especial atención en las consecuencias de las operaciones israelíes sobre la infancia palestina.
Los investigadores documentaron graves daños físicos y psicológicos contra menores, además de señalar que determinadas acciones constituyen persecución por motivos de edad.
Respecto a Gaza, el organismo sostuvo que las autoridades israelíes continuaron cometiendo actos que calificó de genocidas incluso después del acuerdo de alto el fuego, al considerar que persisten acciones dirigidas a destruir parcial o totalmente a la población palestina.
El informe también cuestiona las políticas de expansión territorial y apropiación de tierras, que los investigadores vinculan con el desplazamiento de comunidades palestinas.
Ante estos hallazgos, la comisión exigió a Israel terminar inmediatamente la ocupación ilegal de los territorios palestinos y restituir las propiedades confiscadas, además de garantizar la protección de la población civil.
Israel rechazó las conclusiones y cuestionó la imparcialidad del organismo investigador. Los señalamientos de la comisión constituyen conclusiones de una investigación internacional, no una sentencia judicial.
El documento también responsabiliza a la Autoridad Palestina de presuntas acciones represivas contra disidentes y deficiencias en la investigación de abusos.
Las nuevas acusaciones intensifican las exigencias de rendición de cuentas por las operaciones israelíes y sus consecuencias humanitarias sobre la población palestina.
Fotografía: Redes
