El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, revocó una ley que establecía límites y condiciones para declarar un estado de emergencia, en medio de una crisis social marcada por bloqueos carreteros, protestas y escasez de productos básicos. La decisión abre la puerta a que el Ejecutivo solicite al Congreso la aplicación de una medida excepcional, que deberá ser aprobada o rechazada por el Legislativo en un plazo de 72 horas.
La derogación fue respaldada por legisladores del oficialismo y de sectores de oposición, pese a que la norma eliminada regulaba el uso del estado de emergencia tras los hechos de violencia ocurridos en Senkata y Sacaba en 2019. El cambio ocurre en un momento de alta tensión política, con movilizaciones que se han extendido durante cuatro semanas y que son impulsadas por seguidores del expresidente Evo Morales y organizaciones sindicales que exigen la renuncia de Paz.
La crisis se ha profundizado con el aumento de bloqueos en carreteras, que ya alcanzan alrededor de 150 puntos en el país. Las protestas han provocado afectaciones directas al abasto de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en La Paz y El Alto, donde ambulancias de municipios de la provincia Sur Yungas permanecen varadas por falta de gasolina y se reportan personas fallecidas por falta de atención médica.
A la par, sectores como el transporte en La Paz retomaron las movilizaciones de forma indefinida, al señalar que el gobierno no cumplió acuerdos relacionados con el acceso a gasolina y la reparación de daños por combustible contaminado. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que mil 600 cisternas no han podido llegar a la ciudad debido a los bloqueos, mientras la policía intentó abrir rutas en medio de enfrentamientos con manifestantes.
El gobierno de Rodrigo Paz responsabilizó a Evo Morales por la escalada de protestas y advirtió que el exmandatario deberá enfrentar a la justicia. Paz sostuvo que no permitirá más muertes en el contexto del conflicto y vinculó las movilizaciones con la estrategia política del expresidente, quien enfrenta además un proceso judicial relacionado con una menor de edad. La tensión entre ambos actores ha vuelto a colocar la disputa política boliviana en el centro de la crisis institucional.
En el plano regional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó solidaridad con Bolivia y llamó a respetar las instituciones democráticas, el Estado de derecho y el diálogo para evitar una mayor escalada de violencia. El escenario boliviano combina presión social, desabasto, confrontación política y el posible uso de medidas excepcionales, en un momento en que el país enfrenta una de sus crisis internas más delicadas de los últimos años.
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