Un juez federal de Nueva York puso un límite temporal a la estrategia del gobierno de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI), al impedir que autoridades estadounidenses apliquen determinadas sanciones civiles o penales contra dos organizaciones que colaboran con investigaciones relacionadas con Gaza.
El juez Jesse M. Furman concedió el 13 de octubre una medida cautelar a Democracy for the Arab World Now (DAWN) y Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG). El magistrado consideró que ambas organizaciones tienen argumentos sólidos para sostener que la orden ejecutiva de Trump podría vulnerar la Primera Enmienda al castigar actividades de expresión y colaboración según su contenido.
La resolución, sin embargo, no elimina la orden ejecutiva ni la declara inconstitucional en su totalidad. Furman rechazó extender la protección de manera universal y limitó el fallo a las actividades específicas de los demandantes.
Escala choque entre Trump y la CPI
Trump restableció en febrero de 2025 un régimen de sanciones contra personas que participen o apoyen determinadas investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o de países aliados, particularmente Israel. Washington no pertenece al Estatuto de Roma y sostiene que el tribunal no debe ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos sin consentimiento estadounidense.
El conflicto se intensificó después de que la CPI emitiera en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, al considerar que existían motivos razonables para atribuirles presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza. Israel rechaza esas acusaciones y cuestiona la jurisdicción del tribunal.
La administración Trump endureció todavía más su ofensiva contra la CPI en octubre de 2026, mediante restricciones financieras dirigidas a aislar al tribunal del sistema bancario estadounidense y del uso del dólar. La CPI respondió que mantendrá sus investigaciones pese a las medidas de Washington.
DAWN y TAAG argumentan que esas restricciones les impedían entregar información, colaborar con organizaciones palestinas y participar en acciones legales ante la CPI. Con la resolución de Furman, el gobierno no podrá aplicarles, por ahora, las penalidades cuestionadas mientras continúa el litigio.
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