Una investigación de Associated Press reveló que las muertes por suicidio en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han aumentado a un ritmo alarmante desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De acuerdo con la revisión de registros oficiales, autopsias, informes forenses y documentos policiales, al menos 10 personas detenidas por el ICE han muerto por suicidio desde enero de 2025, en medio de una política migratoria marcada por redadas, detenciones masivas y deportaciones.
El caso de Brayan Rayo Garzón, un migrante colombiano detenido en Missouri, cobró relevancia luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunciara públicamente su muerte y pidiera a la Cancillería colombiana presentar una nota de protesta. Rayo murió el 8 de abril de 2025 bajo custodia del ICE, después de ser diagnosticado con ansiedad y covid-19, mientras permanecía aislado y enfrentaba restricciones para comunicarse con su madre.
Petro, uno de los principales críticos latinoamericanos de la política migratoria de Trump, sostuvo que a Rayo no se le permitió realizar una llamada a su madre antes de su muerte. El mandatario colombiano calificó las condiciones de detención como inaceptables y elevó el caso a un reclamo diplomático, en un contexto en el que organizaciones humanitarias han denunciado precariedad en alimentación, atención médica y acceso a servicios de salud dentro de los centros del ICE.
La investigación de AP encontró que desde octubre siete muertes bajo custodia del ICE fueron clasificadas como suicidios, la cifra más alta para cualquier año fiscal en la historia de la agencia. En total, más de 50 personas han muerto bajo custodia migratoria desde enero de 2025. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que estos casos son poco frecuentes y que existen protocolos de prevención, especialistas advierten que el aumento revela fallas estructurales en la supervisión y atención de los detenidos.
Entre las deficiencias documentadas se encuentran retrasos en evaluaciones médicas iniciales, atención tardía en salud mental, barreras lingüísticas, aislamiento de personas en crisis y falta de vigilancia a detenidos considerados en riesgo. Expertos en salud pública señalan que las personas migrantes enfrentan altos niveles de estrés por el miedo a la deportación, la separación familiar y la falta de representación legal, factores que pueden agravarse cuando no reciben atención oportuna.
El caso de Rayo también se inserta en una relación tensa entre Bogotá y Washington por el trato a personas migrantes. A principios de 2025, Petro rechazó vuelos militares con deportados colombianos tras denunciar malos tratos, lo que provocó una crisis diplomática que después fue encauzada mediante reuniones bilaterales. Ahora, el aumento de muertes bajo custodia del ICE vuelve a colocar bajo escrutinio la responsabilidad del gobierno estadounidense sobre las condiciones de detención migratoria y los derechos humanos de personas latinoamericanas detenidas.
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