El Gobierno de Javier Milei enfrenta al menos tres denuncias judiciales en Argentina por su presunta participación en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, pese a que el dirigente brasileño tenía una prohibición judicial de abandonar su país.
Las presentaciones buscan determinar si funcionarios argentinos facilitaron el traslado del excandidato presidencial, investigado en Brasil por presuntas irregularidades financieras, y si se utilizaron recursos públicos durante el operativo.
Las denuncias fueron impulsadas por Gabriel Solano, Esteban Paulón y Marcela Pagano, quienes solicitaron revisar la actuación de Migraciones, las fuerzas de seguridad y posibles intermediarios gubernamentales.
Entre los funcionarios mencionados figuran el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La controversia surgió después de que las autoridades argentinas negaran inicialmente tener registros del ingreso de Bolsonaro y posteriormente confirmaran su paso por territorio nacional.
Investigan vuelos privados y posible uso de recursos públicos
Migraciones reconoció que Bolsonaro ingresó a Argentina el 27 de octubre, a las 22:50 horas, por el puente internacional Tancredo Neves, acompañado de su esposa y dos hijas.
Posteriormente, la familia abordó un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly, que salió de Puerto Iguazú hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar a Miami.
Los denunciantes también solicitaron investigar la presunta participación de vehículos oficiales, personal de seguridad y contactos vinculados con el Gobierno argentino en el traslado.
Paulón pidió esclarecer posibles actos de encubrimiento, mientras que Pagano cuestionó los controles migratorios y solicitó preservar grabaciones, documentos aeroportuarios y registros de pasajeros.
Por su parte, Solano planteó revisar si hubo utilización indebida de recursos estatales para favorecer al político brasileño.
La Fiscalía argentina ya solicitó información a distintos organismos para reconstruir el recorrido y determinar si existieron irregularidades.
El Gobierno de Milei defendió la legalidad del ingreso al señalar que Bolsonaro presentó documentación válida y no tenía una orden internacional de captura que impidiera su tránsito.
Sin embargo, la Justicia brasileña le había prohibido abandonar el país y ordenado entregar sus pasaportes, disposición que el senador incumplió.
Las investigaciones deberán establecer si existió colaboración ilegal de funcionarios argentinos. Hasta ahora, las denuncias no acreditan responsabilidad penal de Milei ni de los demás señalados.
Fotografía: Redes
