Un juez federal en Estados Unidos rechazó las recientes solicitudes promovidas por Joaquín Guzmán Loera, al determinar que carecen de sustento jurídico y no cumplen con los criterios legales establecidos, consolidando así la vigencia de su sentencia.
En una orden emitida por la Corte del Distrito Este de Nueva York, el juez Brian M. Cogan desestimó cinco escritos presentados por el ex líder del Cártel de Sinaloa, en los que solicitaba su liberación, un nuevo juicio, acceso a información del jurado y su extradición a México. El juzgador fue categórico: “Algunos de estos documentos no tienen sentido y ninguno tiene mérito legal”.
Los documentos, enviados directamente por Guzmán sin representación legal, incluyeron recursos como “Mandate Release”, apelaciones para repetir el juicio y peticiones de extradición. Estas acciones se inscriben en una estrategia reiterada del sentenciado, quien ha cuestionado la legalidad de su proceso judicial y las condiciones de su reclusión en Estados Unidos.
En cartas manuscritas fechadas a finales de abril, Guzmán Loera argumentó que busca su retorno a México y la revisión de su caso bajo principios de equidad jurídica. “Solicito… que se respeten mis derechos a pedir mi extradición… en aras de la equidad en la legislación federal”, escribió.
Asimismo, sostuvo que el veredicto en su contra fue injusto al no haberse presentado, según su postura, pruebas suficientes para desestimar el caso. “El veredicto de mi juicio no fue justo… no se me dio la oportunidad de desestimar mi caso”, afirmó en otra misiva dirigida al tribunal.
No obstante, la autoridad judicial estadounidense reiteró la validez del proceso que derivó en su condena. Guzmán Loera cumple actualmente cadena perpetua más 30 años de prisión, impuesta en 2019 tras ser hallado culpable de delitos como tráfico internacional de drogas, delincuencia organizada, uso de armas y lavado de dinero.
La resolución reafirma la postura del sistema judicial estadounidense frente a los intentos del ex capo por reabrir su caso, en un contexto donde persisten cuestionamientos sobre debido proceso, condiciones carcelarias y acceso a recursos legales en casos de alto perfil.
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