Una jueza federal de Maryland frenó una nueva iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento, al considerar que la medida probablemente contradice la Constitución estadunidense. La decisión representa otro revés judicial para la política migratoria de la Casa Blanca, que busca endurecer las condiciones para las personas extranjeras que llegan o permanecen en territorio estadounidense.
La jueza Deborah L. Boardman emitió una medida cautelar contra la orden ejecutiva firmada el pasado 6 de agosto, con la que se pretendía limitar el reconocimiento automático de ciudadanía a determinados menores nacidos en Estados Unidos. La disposición contemplaba, entre otros casos, a hijos de extranjeros que ingresaran al país con la intención de obtener la ciudadanía para sus descendientes mediante el llamado turismo de parto.
El fallo judicial se apoyó en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece el principio de ciudadanía para las personas nacidas en territorio estadunidense. La resolución respondió a una demanda colectiva presentada por familias inmigrantes y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes llevaron la nueva orden presidencial ante los tribunales.
La Decimocuarta Enmienda se convierte en el principal obstáculo para cambiar las reglas de nacionalidad
La magistrada también consideró un precedente reciente de la Corte Suprema, que rechazó un intento previo de ampliar las restricciones contra la ciudadanía por nacimiento. Con este nuevo fallo, la agenda migratoria de la Casa Blanca vuelve a encontrar límites en el Poder Judicial, mientras su administración sostiene que las medidas son necesarias para reforzar el control migratorio.
Paralelamente, el gobierno estadunidense incrementó la presión sobre los estados para colaborar con su estrategia contra las personas migrantes sin estatus legal. Una nueva interpretación jurídica plantea que las entidades participantes en determinados programas federales de asistencia deberán proporcionar información al Departamento de Seguridad Nacional sobre migrantes en situación irregular.
Así, mientras una parte de su agenda migratoria enfrenta obstáculos judiciales, la administración estadunidense busca ampliar por otras vías su capacidad para identificar y perseguir a migrantes. La combinación de restricciones sobre ciudadanía y presión financiera a los estados muestra una política que pretende endurecer el control migratorio desde distintos frentes, pese a los límites impuestos por los tribunales.
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