El Gobierno de Venezuela anunció el inicio del procedimiento para retirarse de la Corte Penal Internacional, al comunicar al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma. Caracas activó el mecanismo previsto en el artículo 127, con el que formalizará su separación del organismo encargado de investigar crímenes internacionales.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, informó que la medida fue instruida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El funcionario explicó que la decisión responde al comportamiento de una institución que, desde la perspectiva del gobierno venezolano, ha concentrado sus actuaciones en países del Sur Global, particularmente en naciones africanas y latinoamericanas.
La administración venezolana acusó a la Corte de mantener un criterio desigual en la selección de los casos que investiga. Según el planteamiento presentado por Caracas, el organismo aplica una justicia internacional marcada por desequilibrios geográficos y políticos, mientras otras potencias y conflictos con señalamientos graves reciben un tratamiento distinto.
Caracas defiende su soberanía y exige reglas iguales en la justicia internacional
El Gobierno de Venezuela también sostuvo que la CPI ha sido utilizada como una herramienta de presión jurídica y política contra gobiernos determinados. En ese sentido, señaló que los procesos internacionales pueden convertirse en mecanismos de lawfare cuando se aplican de manera selectiva y sin respetar plenamente la soberanía de los Estados.
Caracas defendió que su salida no implica rechazar la persecución de delitos graves, sino cuestionar el funcionamiento actual de la institución. Las autoridades venezolanas reiteraron su respaldo a un modelo de justicia internacional equitativo, imparcial y respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, sin distinciones por ubicación geográfica o posición política.
La decisión abre una nueva etapa en la relación entre Venezuela y los organismos internacionales de justicia. El proceso deberá continuar mediante los canales diplomáticos correspondientes ante Naciones Unidas, mientras el gobierno venezolano mantiene que su retiro busca defender la soberanía nacional frente a instituciones que considera parcializadas.
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