Municipios de la Sierra Norte de Puebla podrían enfrentar una presión significativa sobre sus recursos hídricos debido al fracking o fracturación hidráulica, una técnica utilizada para la extracción de gas y petróleo. De acuerdo con el reporte “Fracking sin Coordenadas Públicas”, elaborado por el Observatorio del Extractivismo, el consumo de agua requerido para este tipo de proyectos podría representar al menos 50 por ciento del agua disponible en la región.
El documento advierte que los beneficios energéticos asociados con la extracción de hidrocarburos no convencionales serían temporales, mientras que las modificaciones físicas del territorio podrían generar efectos permanentes y consecuencias locales. Bajo esta perspectiva, el problema no se limita únicamente a la producción de gas o petróleo, sino también al posible costo ambiental y social para comunidades rurales, urbanas e indígenas asentadas entre Puebla y Veracruz.
Según el reporte, la zona centro de Veracruz y la Sierra Norte poblana forman parte de una franja considerada prospectiva y prioritaria para la extracción de hidrocarburos. Esta región coincide con el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, a cargo de Petróleos Mexicanos, cuyo objetivo es extraer hidrocarburos en el Paleocanal de Chicontepec, ubicado entre el norte de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla.
El Observatorio del Extractivismo señala que recuperar apenas 10 por ciento del recurso prospectivo no convencional implicaría utilizar 1,620.8 millones de metros cúbicos de agua. La cifra dimensiona la presión que la fracturación hidráulica podría ejercer sobre una región que, aunque actualmente cuenta con disponibilidad hídrica, podría ver comprometido su equilibrio por el volumen requerido para la extracción.
Comunidades rurales e indígenas, las más expuestas
El reporte advierte que la demanda de agua asociada al fracking podría generar una fuerte presión regional, con un consumo estimado de entre 50 y 100 por ciento del agua disponible. Esto significaría que la actividad extractiva competiría directamente con las necesidades de las comunidades, los usos agrícolas, la vida cotidiana y la conservación de los ecosistemas locales.
La preocupación aumenta por la cantidad de población que habita en la zona de posible impacto. De acuerdo con el documento, las consecuencias podrían alcanzar a 4.4 millones de personas distribuidas en 132 localidades urbanas y 13 mil 500 comunidades rurales ubicadas en territorios de Puebla y Veracruz. La extensión de esta zona muestra que no se trataría de un riesgo aislado, sino de una posible afectación regional.
El informe también destaca que en estas localidades viven 871 mil hablantes de lenguas indígenas, por lo que cualquier proyecto de desarrollo o extracción en la zona tendría implicaciones relacionadas con derechos colectivos, territoriales y comunitarios. En ese sentido, el Observatorio plantea que las decisiones no deberían reducirse a criterios administrativos o energéticos, sino incorporar procesos de información, consulta y participación efectiva.
La fracturación hidráulica ha sido cuestionada por organizaciones sociales debido al uso intensivo de agua y a las alteraciones que puede generar en los territorios donde se implementa. En el caso de la Sierra Norte de Puebla, el reporte centra la atención en una región con fuerte presencia comunitaria, biodiversidad y una relación histórica con el agua, la tierra y las actividades rurales.
El señalamiento del Observatorio del Extractivismo abre una discusión relevante para Puebla: la necesidad de evaluar si los proyectos energéticos justifican los posibles riesgos de presionar los recursos hídricos en territorios habitados por comunidades campesinas e indígenas. Aunque la extracción podría ofrecer beneficios temporales en materia energética, el impacto ambiental y social requiere una evaluación integral en una región donde el agua sostiene la vida comunitaria.
Foto: Redes
