La empresa Pro-Faj Hidrolimpieza enfrentará sanciones económicas y tendrá que restaurar el terreno del relleno sanitario de San Pedro Cholula, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla determinara su responsabilidad en cinco procedimientos administrativos. Sin embargo, los pueblos originarios mantienen sus protestas porque consideran insuficientes las acciones para frenar la contaminación y garantizar el saneamiento de la zona.
La dependencia estatal confirmó este viernes 6 de noviembre que el antiguo basurero, ubicado en el camino a Calpan, permanece clausurado y que la compañía deberá devolver el predio a las condiciones que tenía antes de ejecutar las obras de ampliación. La titular de la secretaría, María de los Ángeles Ballesteros García, informó que las sanciones económicas se darán a conocer posteriormente.
El anuncio ocurre después de meses de reclamos de habitantes de más de 20 comunidades, quienes denuncian posibles afectaciones a terrenos agrícolas, mantos acuíferos y fuentes de abastecimiento de agua por los lixiviados que permanecen en el sitio.
Pueblos exigen remediación y cumplimiento de acuerdos
Los inconformes sostienen que las autoridades y la empresa mantienen pendientes compromisos establecidos desde marzo de 2026. Entre sus principales demandas figuran extraer los lixiviados, sanear el terreno, rellenar el socavón y garantizar que los residuos no contaminen el subsuelo ni los pozos de agua.
El abogado de los habitantes, Juan Carlos Flores, cuestionó los avances en los trabajos de extracción. Los pobladores señalaron que el jueves 5 de noviembre una pipa realizó solamente dos viajes para retirar los líquidos y estimaron que todavía permanecen más de 400 mil litros acumulados.
Ante las exigencias, el Gobierno estatal comenzó trabajos de extracción con apoyo de maquinaria especializada y personal de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla.
Mantienen plantón y reclaman responsabilidades
Las protestas también provocaron bloqueos en vialidades de Cholula y la Recta a Puebla. Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) se sumaron a las movilizaciones para respaldar las exigencias ambientales.
Aunque autoridades y representantes comunitarios instalaron mesas de diálogo, los habitantes mantienen su plantón en la carretera federal a Huejotzingo y advierten que no retirarán su protesta sin compromisos concretos.
La sanción económica contra Pro-Faj representa un avance administrativo, pero las comunidades mantienen su exigencia central: que la empresa asuma las consecuencias de sus obligaciones incumplidas y que las autoridades garanticen la recuperación ambiental del territorio.
Fotografía: Agencia Enfoque
