El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ofreció abrir canales de diálogo con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que mantienen un paro nacional de labores en rechazo al nuevo sistema de evaluación de desempeño, derivado de la reforma judicial.
Durante un encuentro con representantes sindicales, el ministro presidente planteó que los mecanismos de evaluación deben servir para mejorar las capacidades del personal y no convertirse en instrumentos de sanción que pongan en riesgo sus puestos de trabajo.
La reunión se realizó en medio de las movilizaciones que comenzaron esta semana en distintas entidades del país, donde secretarios, actuarios y oficiales judiciales han manifestado su inconformidad con los criterios establecidos por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
De acuerdo con un comunicado de la Corte, Aguilar Ortiz sostuvo un encuentro con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal.
El objetivo fue escuchar las demandas de la plantilla laboral y establecer acuerdos que permitan atender las inconformidades en coordinación con las autoridades encargadas de la administración judicial.
Aguilar reconoció que los trabajadores representan la “columna vertebral” del sistema de justicia y consideró necesario incorporar sus opiniones en las decisiones institucionales.
Trabajadores rechazan criterios de evaluación
El ministro presidente también manifestó que los exámenes de desempeño deben enfocarse en detectar necesidades de capacitación y elevar la eficiencia institucional.
“La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”, estableció la Corte.
Las protestas comenzaron el jueves 5 de noviembre en Morelos, donde más de mil trabajadores suspendieron actividades. Un día después, las movilizaciones se extendieron a nivel nacional, incluida la sede judicial de San Lázaro, en Ciudad de México.
Las inconformidades también se manifestaron en Nuevo León, Durango, Sonora y Yucatán, Puebla, entre otras entidades.
Los empleados cuestionan que los criterios de evaluación no reconozcan suficientemente su experiencia y trayectoria, además de advertir que los resultados podrían repercutir en la continuidad de sus plazas. También exigen claridad sobre los exámenes previstos para mediados de diciembre.
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