A 44 años de la masacre de Rancho Nuevo, en el municipio de Pantepec, donde perdieron la vida al menos 26 campesinos a causa de un conflicto agrario, descendientes de las víctimas aún pelean la posesión de sus tierras.
Así lo señaló José Antonio Aguilar San Sebastián, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, quien indicó que los hijos de estos campesinos continúan buscando recuperar sus predios y mantienen el temor de que su vida esté en riesgo debido a este hecho ocurrido en 1982.
Durante una rueda de prensa, expuso que esta masacre es un ejemplo de opresión contra campesinos indígenas, con el aval de autoridades locales en favor de intereses privados, además de representar uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en la entidad.
Detalló que el 2 de junio de 1982, campesinos que llevaban meses exigiendo el reconocimiento de sus títulos primordiales de propiedad y que decidieron ocupar uno de los predios en disputa en Rancho Nuevo, Pantepec, fueron sorprendidos y rodeados por pistoleros.
Según testimonios sobre el incidente, al menos 25 campesinos fueron masacrados. Algunos fueron asesinados a quemarropa y otros perseguidos “como animalitos”, mientras que las autoridades estatales de la época brillaron por su ausencia.
Asimismo, a través de investigaciones realizadas durante años, se ha encontrado que la organización de origen priista Consejo Agrarista Mexicano estuvo involucrada, pues promovió amparos para disputar la posesión de las tierras.
Aunado a ello, se documentó que el extinto Partido Socialista de los Trabajadores (PST) fungió como mediador y orientador de los campesinos ante el Estado, aunque también llegó a ser señalado por impulsar la toma de tierras.
Aguilar San Sebastián resaltó que la impunidad ha sido una constante en este caso, lo que, desde su óptica, no ocurre por error, sino que funciona como un método de control territorial.
Indicó que se trata de un conflicto que permanece vigente gracias a los descendientes de algunas de las 26 víctimas, quienes continúan acudiendo a la CDH para denunciar irregularidades.
Foto: Agencia Enfoque
