A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, las familias de los jóvenes mantienen su participación en las acciones de búsqueda y esclarecimiento del caso, mientras el Gobierno federal reporta nuevos operativos en Guerrero.
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre septiembre de 2025 y junio de 2026 las autoridades realizaron 37 acciones de búsqueda en Iguala, Cocula y Eduardo Neri, municipios relacionados con las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante estos operativos, las autoridades intervinieron 518 sitios considerados de interés para obtener nuevos elementos que ayuden a localizar a los estudiantes desaparecidos y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.
El caso permanece como uno de los principales pendientes en materia de justicia, búsqueda de personas y atención a víctimas. Dentro de la estrategia federal, Ayotzinapa forma parte del Compromiso 9, denominado “Verdad y Justicia para los 43 estudiantes desaparecidos”.
Familias de los normalistas mantienen participación en el proceso
Como parte del seguimiento al caso, el Gobierno federal sostuvo tres reuniones de alto nivel con madres y padres de los estudiantes, además de sus representantes legales y equipos técnicos relacionados con las investigaciones.
Estos encuentros permitieron informar a las familias sobre los avances de las autoridades y mantener su participación en el proceso de búsqueda y esclarecimiento.
La atención también contempla apoyo para los familiares. Durante el periodo reportado, distintas instituciones federales proporcionaron 170 atenciones médicas, psicológicas y de rehabilitación.
Búsqueda y justicia, demandas que permanecen
La estrategia oficial contempla revisar líneas de investigación, fortalecer los expedientes y continuar los procesos contra quienes presuntamente participaron en la desaparición de los normalistas.
Para las familias, la búsqueda de sus hijos y el esclarecimiento de los hechos permanecen como demandas centrales después de casi 12 años.
El informe también ubica el caso dentro de una política más amplia de atención a personas desaparecidas y víctimas, junto con acciones relacionadas con comunidades indígenas, conflictos agrarios y mecanismos contra la discriminación.
Fotografía: X
