El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo para separarse temporalmente de su cargo, luego de que la Fiscalía General de la República abrió una investigación relacionada con señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía General del Estado confirmó la decisión y precisó que el funcionario quedará fuera de funciones mientras atiende el proceso legal correspondiente.
De acuerdo con la FGE de Sinaloa, Castro Zaavedra manifestó disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales. La separación ocurre apenas después de que la propia dependencia había señalado que el vicefiscal continuaba en funciones, debido a que no existía un requerimiento formal que obligara a removerlo de su cargo dentro de la estructura estatal de procuración de justicia.
El caso forma parte de una serie de señalamientos que también involucran a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán. Ambos también se separaron de sus cargos tras el inicio de investigaciones federales derivadas de acusaciones provenientes de autoridades estadounidenses, relacionadas con presuntos apoyos a grupos criminales que operan en la región.
Según la información difundida, las acusaciones contra Castro Zaavedra estarían vinculadas con presunto tráfico de armas, apoyo al trasiego de drogas hacia Estados Unidos y supuestos pagos de Los Chapitos. Los señalamientos apuntan a que el funcionario habría recibido dinero a cambio de no actuar contra integrantes de ese grupo criminal y de proporcionar información sobre acciones de las autoridades.
Castro Zaavedra ha ocupado distintos cargos dentro de la Fiscalía sinaloense y fue encargado del despacho tras la renuncia de Sara Bruna Quiñonez Estrada, en agosto de 2024. Su salida temporal cobra relevancia por su papel en la institución durante el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, expediente que también generó cuestionamientos por presuntas inconsistencias en la investigación.
La licencia del vicefiscal profundiza la crisis política e institucional en Sinaloa, donde varios funcionarios señalados han optado por separarse de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. Aunque la FGE sostiene que debe respetarse el principio de presunción de inocencia, la decisión de Castro Zaavedra confirma el impacto que los señalamientos federales han tenido en la estructura de gobierno y procuración de justicia del estado.
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