La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la autoridad moral de Luis Carlos Ugalde para pronunciarse sobre democracia, luego de que el expresidente Vicente Fox reconociera que intervino políticamente para favorecer el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006.
Durante su conferencia matutina del miércoles 4 de noviembre, la mandataria retomó las declaraciones de Fox, quien admitió haber trabajado para mantener al Partido Acción Nacional (PAN) en la Presidencia e impedir la llegada de Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum acusó a Ugalde, entonces presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), de haber desempeñado un papel central en el presunto fraude electoral de 2006, que atribuyó a una estrategia impulsada por Fox y Calderón.
La presidenta sostuvo que los antecedentes del exfuncionario ponen en duda su autoridad para cuestionar las condiciones democráticas actuales.
Sheinbaum recuerda vínculos de Ugalde con el PRI y Elba Esther Gordillo
La mandataria también hizo referencia al libro Así lo viví, publicado por Ugalde en 2008, donde el exconsejero relata las circunstancias de su llegada al organismo electoral.
Según explicó Sheinbaum, Ugalde reconoció haber recibido el respaldo del PRI y una recomendación de Elba Esther Gordillo para encabezar el IFE, además de admitir que su designación no obtuvo el consenso unánime de las fuerzas políticas.
La presidenta contrastó esos antecedentes con las recientes declaraciones del exfuncionario sobre la necesidad de alcanzar acuerdos amplios en los nombramientos de autoridades electorales.
Por su parte, Ugalde criticó las declaraciones de Vicente Fox y reconoció que el expresidente generó un ambiente de confrontación durante la contienda de 2006.
En entrevista con Azucena Uresti, explicó que las intervenciones públicas de Fox contra López Obrador obligaron al IFE a establecer restricciones a los pronunciamientos presidenciales durante el proceso electoral.
Sin embargo, Ugalde rechazó que las palabras del exmandatario demostraran una manipulación del conteo de votos.
Las declaraciones de Fox reabrieron el debate sobre la imparcialidad del gobierno federal y de las autoridades electorales en 2006, aunque su reconocimiento de intervención política no constituye, por sí mismo, una prueba judicial de fraude electoral.
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