La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) rechazó el estándar “hacia una minería sustentable” promovido por la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham), al considerarlo una estrategia de simulación que encubre los impactos destructivos de las empresas mineras canadienses en el país.
El embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, presentó el estándar el pasado 24 de octubre, afirmando que la minería canadiense representa “una fuerza positiva para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México”. Para REMA, esta declaración forma parte de un montaje mediático que busca legitimar la impunidad de las corporaciones mineras, mientras continúan afectando vidas y territorios en diversas regiones del país.
El estándar, creado por la Asociación Minera de Canadá, se basa en nueve protocolos de autoevaluación que no contemplan sanciones ni supervisión independiente, lo que permite a las empresas operar sin rendir cuentas por violaciones a derechos humanos, daños ambientales o afectaciones a la salud.
REMA señala que la embajada canadiense ha actuado con omisión y negligencia ante las exigencias de comunidades mexicanas, organizaciones sociales y gobiernos locales, que durante décadas han demandado justicia frente a los abusos cometidos por empresas con sede en Canadá.
Además, la organización advierte que este modelo de autorregulación fomenta el conflicto de interés y la opacidad, al impedir que las comunidades afectadas accedan a mecanismos reales de reparación. “Cuando pierden sus fuentes de agua, sus tierras cultivables, o enfrentan criminalización por defender sus derechos, este estándar no ofrece ninguna garantía”, subraya REMA.
También recordó que organizaciones indígenas y ambientales en Canadá han cuestionado este mismo estándar, utilizado para disfrazar la minería como actividad ‘responsable’, sin atender los riesgos de los diques de cola ni la debilidad legal frente a la contaminación del agua.
También puedes leer: UIF investigará presunta triangulación financiera de Fundación Jenkins a paraísos fiscales.
Fotografía: Adolfo Vladimir
