La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continuará pese a que un juez autorizó que enfrente la prisión preventiva en su domicilio.
Ruffo dejó el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, el sábado 26 de septiembre y fue trasladado bajo custodia de la Guardia Nacional a Ensenada, Baja California. La modificación de la medida cautelar ocurrió a petición de su defensa, que argumentó su condición de adulto mayor y problemas de salud.
La Fiscalía puntualizó que el cambio únicamente modifica el lugar donde Ruffo cumple la medida cautelar y no suspende la investigación ni modifica las acusaciones que enfrenta.
“No implica la suspensión de su proceso penal ni modifica las acusaciones en su contra”, señaló la dependencia en un comunicado.
Ruffo seguirá bajo vigilancia en su domicilio
La prisión domiciliaria tampoco implica que el exmandatario tenga libertad plena de movimiento. De acuerdo con la información difundida por la FGR, Ruffo permanecerá bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional, además de que tiene prohibido salir del país.
Como parte de las condiciones impuestas, también deberá entregar su pasaporte y visa y mantener distancia de testigos, otros imputados y personas relacionadas con la investigación.
Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada y posteriormente quedó vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con una investigación sobre presunto contrabando de combustible mediante ferrotanques.
La FGR sostiene que Ruffo tenía participación accionaria en la empresa Ingemar y que figuró como secretario de su Consejo de Administración. Según la Fiscalía, la investigación reúne al menos 96 datos de prueba, entre peritajes, entrevistas y documentación financiera y aduanera.
La dependencia también señala que la empresa registró movimientos millonarios que, a su consideración, resultan incongruentes con su perfil fiscal. La investigación estima un posible daño al erario superior a 4 mil millones de pesos, monto que deberá acreditarse dentro del proceso.
La Fiscalía recordó que los delitos imputados contemplan prisión preventiva oficiosa, aunque un juez puede determinar que esa medida se cumpla fuera de un centro penitenciario. La FGR indicó que respetará la resolución judicial.
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