2 DE JULIO DE 2025. La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha iniciado una investigación formal contra la empresa sinaloense Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., bajo la sospecha de que opera como compañía fachada para el Cártel de Sinaloa. Esta indagatoria surge tras la revelación de que Murata depositó 97.6 millones de pesos a la casa de bolsa Vector durante 2017, a través de 53 transacciones de montos variables, según reporta el diario El País con base en la obtención de documentos fiscales.
Según revela la investigación de El País, un cliente distinguido de Murata fueron «instituciones y gobiernos encabezados por el PRI, que durante años le pagaron 301 millones de pesos».
Las autoridades mexicanas consideran que Murata encabeza una presunta red de blanqueo de capitales al servicio del crimen organizado. La Secretaría de Hacienda ya había inhabilitado a la empresa tras clasificarla como “fantasma” en 2021, al simular operaciones y emitir facturas para lavar recursos. Al frente de Murata se encuentra la familia Ferrari, señalada por la Fiscalía como operadora financiera del Cártel de Sinaloa. De acerdo a la referida investigación de El País, la compañía fue constituida en 2014 por Paolo Ferrari, hijo de Nino Ferrari Gleason, administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, operador financiero de la organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La investigación indica que Murata comparte testaferros y transfiere recursos con otras empresas factureras, una práctica típica del lavado de dinero.
La investigación se produce en un contexto internacional marcado por la reciente acusación del gobierno de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas: Vector, Intercam y CI Banco. El Departamento del Tesoro estadounidense las señaló como “fuentes de preocupación principal” en materia de lavado de dinero, particularmente en relación con el tráfico ilícito de opioides y la compra de precursores químicos para la producción de fentanilo.
En el caso de Vector, las autoridades estadounidenses documentaron que entre 2013 y 2021, un empleado del Cártel de Sinaloa lavó dos millones de dólares mediante envíos desde EE.UU. a México a través de la casa de bolsa. Además, entre 2018 y 2023, Vector realizó pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas conocidas por enviar precursores químicos a México, evidenciando “deficiencias significativas” en sus controles antilavado. El Departamento del Tesoro sostiene que Vector ha prestado servicios tanto al Cártel de Sinaloa como al Cártel del Golfo, y ha sido vehículo de pago para la adquisición de precursores de fentanilo provenientes de China.
Las acusaciones contra Intercam y CI Banco también son graves: Intercam habría facilitado transferencias de fondos desde México a China para la compra de precursores químicos, y ejecutivos del banco se habrían reunido con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para discutir esquemas de lavado de dinero. CI Banco, por su parte, permitió la apertura de cuentas para blanquear millones de dólares a nombre de miembros del Cártel del Golfo y procesó pagos a empresas chinas vinculadas al tráfico de precursores.
Como reacción, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México intervino temporalmente la gerencia de las tres instituciones financieras señaladas, en un intento por contener el impacto reputacional y operativo tras el veto impuesto por el Departamento del Tesoro estadounidense.
El caso Murata-Vector ilustra la sofisticación y alcance de las redes de lavado de dinero del narcotráfico en México, así como la creciente presión internacional para combatir el financiamiento ilícito ligado a la epidemia de fentanilo. Las investigaciones continúan mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses intensifican la cooperación para desmantelar estas estructuras financieras criminales.
