La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó la clausura de cinco establecimientos irregulares en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco vinculados con la fabricación y comercialización de supuestos “medicamentos milagro”, tratamientos intravenosos y falsas células madre que operaban sin autorización sanitaria.
Las acciones derivaron de denuncias ciudadanas y de operativos realizados por la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), que detectó un laboratorio clandestino y varias farmacias donde se ofrecían soluciones intravenosas y productos biológicos sin certificación oficial.
Según las autoridades, uno de los puntos intervenidos en Zapopan tenía capacidad para elaborar hasta 10 mil cápsulas diarias de productos que eran distribuidos tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en otros estados del país.
José Antonio Muñoz Serrano, titular de la Coprisjal, informó previamente que ya habían sido detectados “dos laboratorios clandestinos” y establecimientos que se presentaban como productores de células madre sin contar con permisos legales para ello.
El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que dos de los establecimientos clausurados administraban soluciones aparentemente vitamínicas, aunque podrían contener otras sustancias no identificadas.
“El solo hecho de que estuvieran haciendo esos procedimientos ameritaba la clausura, porque una farmacia no tiene permiso para ello”, declaró Pérez Gómez.
El funcionario también confirmó que en uno de los supuestos laboratorios farmacéuticos se encontró tejido biológico de especies animales, pese a que los productos eran promocionados como tratamientos con células madre.
Aunque hasta ahora no se reportan personas afectadas, las autoridades sanitarias advirtieron que este tipo de procedimientos y productos pueden ocasionar infecciones graves o eventos adversos que comprometan la vida, debido al alto riesgo sanitario que representan.
Pérez Gómez agregó que los cinco casos ya son investigados por fiscalías estatales y federales, además de autoridades sanitarias federales, para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas.
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