Ricardo Thompson Navarro, socio fundador de la empresa Ingemar, dejó el penal federal del Altiplano después de que un juez de control modificó su medida cautelar y le permitió continuar su proceso en prisión domiciliaria.
El empresario enfrenta cargos por delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con hidrocarburos dentro de una investigación por presunto huachicol fiscal ferroviario.
De acuerdo con registros judiciales, Thompson fue trasladado a un domicilio ubicado en la colonia El Sauzal, en Ensenada, Baja California, donde permanecerá bajo las restricciones impuestas por la autoridad mientras continúa el proceso penal.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo ubica como uno de los socios relevantes de Ingemar junto con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel. Según la imputación, la empresa habría participado en un esquema para introducir combustibles desde Estados Unidos mediante ferrotanques con registros inferiores a los volúmenes reales transportados.
FGR mantiene acusaciones por contrabando de combustible
Thompson fue vinculado a proceso en julio y permanecía bajo prisión preventiva en el Altiplano. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público había señalado que contaba con diversos domicilios, pasaporte vigente, antecedentes de viajes al extranjero y participación en múltiples empresas, elementos que consideró relevantes para argumentar un posible riesgo de fuga.
La FGR sostiene que Ingemar habría importado durante 2025 más de 2 mil millones de litros de petrolíferos sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Energía. Como parte de las investigaciones, autoridades federales aseguraron más de 18 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.
La Fiscalía estima que las operaciones investigadas habrían provocado un daño a la hacienda pública superior a 166 millones de pesos.
El cambio de medida cautelar no implica el cierre del proceso ni una absolución, por lo que Thompson continuará sujeto a las investigaciones y determinaciones judiciales.
Fotografía: Redes












