La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rechazó acudir al Senado de la República para explicar la participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en la entidad, en un contexto donde la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano ha generado cuestionamientos sobre soberanía y control institucional. La ausencia de la mandataria estatal se produce mientras el caso escala a nivel federal y se convierte en un tema de seguridad nacional y rendición de cuentas.
De acuerdo con la información oficial, la mandataria estatal argumentó que su decisión de no comparecer se basa en que ya existe una unidad especializada encargada de investigar los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril, relacionados con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en la región serrana. En su postura, sostuvo que su actuación se ha apegado a principios de legalidad y transparencia, señalando que desde el inicio solicitó informes y promovió la integración de este mecanismo interno de investigación.
Sin embargo, el caso ha adquirido mayor relevancia luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmara que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por la posible participación de agentes de la Central Intelligence Agency en el operativo, lo que coloca el tema en una dimensión federal. La mandataria subrayó que el eje central debe ser el respeto a la soberanía nacional, en un escenario donde la presencia de personal extranjero en tareas de seguridad genera tensión política.
La negativa de la gobernadora a acudir al Senado ocurre en medio de cuestionamientos sobre la pertinencia de evitar un posicionamiento público mientras se desarrolla una investigación de alto impacto, particularmente cuando se trata de la posible intervención de una agencia extranjera en operativos dentro del país. Desde distintos sectores se ha señalado que la comparecencia buscaba esclarecer responsabilidades y detallar el grado de coordinación entre autoridades locales, federales y externas.
En este contexto, la postura del gobierno estatal también ha sido respaldada en la idea de que la investigación debe conducirse sin interferencias políticas, delegando la información a instancias técnicas, como la Fiscalía estatal y la propia FGR. No obstante, el hecho de que la mandataria decline presentarse ante el Poder Legislativo mantiene abierto el debate sobre los mecanismos de rendición de cuentas en casos que involucran seguridad nacional y cooperación internacional.
El caso se desarrolla además en un entorno de alta sensibilidad política, donde la relación entre autoridades estatales y federales enfrenta tensiones por el manejo de la seguridad y la participación de actores extranjeros, lo que podría derivar en implicaciones institucionales más amplias. A medida que avance la investigación federal, se espera que se esclarezca el alcance de la operación, así como las responsabilidades correspondientes en un episodio que ha puesto en el centro la discusión sobre soberanía y control del territorio.
Foto: Redes
