En un giro judicial relevante, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación contra la organización religiosa La Luz del Mundo, tras considerar irregular el cierre del expediente y advertir fallas en la cooperación internacional con Estados Unidos.
La resolución, emitida por el juez de control Juan José Rodríguez Velarde en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, deja sin efecto el “no ejercicio de la acción penal” decretado por la Fiscalía en diciembre de 2025, lo que devuelve a las víctimas la posibilidad de buscar justicia en territorio mexicano.
La reapertura se da luego de que Sóchil Martin y Sharim Guzmán, sobrevivientes del caso y testigos clave en el proceso contra Naasón Joaquín García en Estados Unidos, impugnaran la decisión de la FGR de cerrar la investigación.
Ambas denunciantes, junto con su equipo legal, argumentaron que el caso no podía darse por concluido ante la gravedad de los señalamientos, que incluyen presunta trata de menores, abuso sexual, producción de pornografía infantil y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la audiencia más reciente, celebrada el 27 de abril de 2026, la representación de la FGR defendió el cierre del caso, lo que fue criticado por las víctimas, quienes acusaron a la institución de intentar bloquear el acceso a la justicia.
De acuerdo con sus asesores jurídicos, la Fiscalía no solo respaldó el “carpetazo”, sino que también omitió activar mecanismos clave de colaboración internacional para fortalecer la investigación.
Uno de los elementos centrales que motivaron la decisión judicial fue la falta de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Según los argumentos presentados, la FGR no compartió información con el consulado de Estados Unidos ni gestionó adecuadamente la obtención de pruebas recabadas en ese país.
Cabe recordar que en territorio estadounidense, Naasón Joaquín García fue condenado a más de 16 años de prisión, resultado de investigaciones que ahora podrían ser retomadas en México si se logra una colaboración efectiva entre ambas naciones.
También se señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría sido omiso en compartir información con autoridades mexicanas en diversas ocasiones.
Contexto político y presión pública
El caso generó presión pública luego de que se señalara un posible escenario de impunidad. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la FGR, Ernestina Godoy, habían expresado previamente su compromiso de revisar el expediente.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó recientemente que la organización religiosa mantiene su registro vigente en México, aunque la licencia ministerial de su líder permanece suspendida.
Con esta resolución, el Poder Judicial abre la puerta a una nueva etapa en el caso, en la que las víctimas buscarán que se investigue a fondo a los integrantes de la cúpula de la organización y se evite que los delitos denunciados queden impunes.
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