El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, compareció ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa, como parte de las diligencias abiertas tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado. El legislador informó que atendió el citatorio realizado por la FGR y respondió los cuestionamientos relacionados con la investigación.
A través de sus redes sociales, Inzunza aseguró que acudió sin acompañamiento jurídico y que se presentó como abogado de sí mismo, al señalar que mantiene disposición para atender cualquier requerimiento de la autoridad. También afirmó que no recurrirá a la excepción prevista para legisladores en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que buscó subrayar su intención de comparecer directamente ante la Fiscalía.
El senador sostuvo que su asistencia responde a una convicción de respeto a las instituciones y al marco legal mexicano, en medio de una investigación que también involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios y exfuncionarios estatales. La FGR citó a los señalados luego de que autoridades estadounidenses los relacionaran con presuntos acuerdos con estructuras criminales, aunque las indagatorias en México siguen en curso.
Inzunza también adelantó que prevé asistir al periodo extraordinario del Senado, donde se discutirán reformas judiciales. Su compañero de bancada, Javier Corral, señaló que el legislador le había comentado su intención de presentarse en la Cámara alta, aunque también reconoció que existía preocupación por que su presencia fuera utilizada como elemento de golpeteo político en medio de la investigación.
En el mismo contexto, Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, también acudió a la FGR para declarar por las acusaciones de Estados Unidos. El exfuncionario rechazó pertenecer a algún grupo delictivo y aseguró que desde que conoció los señalamientos se puso a disposición de las autoridades, además de notificar un domicilio para recibir citatorios.
Las comparecencias de Inzunza y Almanza se suman a las diligencias realizadas en torno a otros funcionarios sinaloenses mencionados en la investigación. Aunque acudir ante la FGR no implica por sí mismo una responsabilidad penal, el caso mantiene bajo atención pública a figuras políticas y de seguridad de Sinaloa, en un proceso que combina señalamientos internacionales, revisión institucional y un fuerte impacto político para Morena y el gobierno estatal.
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