Un tribunal de Florida, en Estados Unidos, resolvió que integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas deberán pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por daño patrimonial, dentro del caso civil promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera para recuperar recursos presuntamente desviados mediante contratos públicos vinculados con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
La resolución alcanza a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalados por las autoridades mexicanas como socios, prestanombres y operadores financieros de García Luna. De acuerdo con la investigación impulsada por Hacienda, los involucrados habrían participado en un esquema de contratación pública ilícita, mediante empresas relacionadas con servicios de seguridad y tecnología, para transferir y ocultar recursos públicos fuera de México.
El fallo se suma a las sentencias emitidas en mayo de 2025 contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, a quienes también se les ordenó pagar al Estado mexicano más de 2 mil 488 millones de dólares. Con la nueva resolución contra la familia Weinberg, el monto total que México tiene derecho a reclamar por este entramado asciende a más de 3 mil 067 millones de dólares.
La UIF explicó que la sentencia forma parte de un acuerdo para entregar activos identificados en distintas jurisdicciones, los cuales podrán ser liquidados y aplicados al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial. El procedimiento civil fue promovido desde el sexenio pasado con el objetivo de recuperar bienes y recursos vinculados con presuntos contratos inflados y transferencias irregulares.
De acuerdo con la documentación presentada en el proceso, las investigaciones permitieron acreditar la participación de personas físicas y morales en mecanismos para obtener contratos públicos de forma indebida y después dispersar los recursos. Las autoridades mexicanas sostienen que parte del dinero habría sido canalizado mediante estructuras corporativas en países como Estados Unidos, Barbados e Israel.
El caso vuelve a colocar bajo revisión la red financiera presuntamente construida alrededor de García Luna durante y después de su paso por el aparato de seguridad federal. Para México, el fallo representa un avance en la recuperación de activos ligados a corrupción pública de alto nivel, así como un precedente en el uso de tribunales internacionales para reclamar recursos desviados del erario.
Foto: Redes
