Durante la crisis sanitaria por COVID-19, el gobierno de México —a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)— firmó un contrato con la empresa británica VIVA Enterprises para la adquisición de mil ventiladores mecánicos, indispensables para atender a pacientes graves. El acuerdo, firmado bajo jurisdicción británica, contemplaba la entrega inmediata de los equipos tras el pago de 59.2 millones de dólares realizado el 13 de abril de 2020.
Sin embargo, el compromiso nunca se cumplió en su totalidad. La empresa alegó retrasos logísticos y, tras varios reclamos oficiales, solo devolvió 17.7 millones de dólares, equivalentes a 300 ventiladores. Posteriormente, entregó 50 equipos adicionales y afirmó haber suministrado un total de 465, cifra que no coincide con los registros oficiales del INSABI.
Ante el incumplimiento, el gobierno mexicano presentó una demanda internacional para recuperar 41.4 millones de dólares, correspondiente a los ventiladores no entregados. El proceso se sigue actualmente en tribunales del Reino Unido, dado que el contrato se firmó bajo legislación inglesa.
La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que el Estado mexicano mantiene una alta probabilidad de éxito en el juicio gracias a la documentación que demuestra los incumplimientos de la empresa. La etapa de presentación de pruebas concluirá en noviembre de 2025 y se prevé que en diciembre se realice la primera audiencia.
Más allá del conflicto legal, el caso evidencia la vulnerabilidad de los contratos internacionales firmados durante emergencias sanitarias, cuando los gobiernos enfrentaron una carrera global por conseguir insumos médicos. Para sectores críticos, la falta de transparencia y las condiciones impuestas por empresas extranjeras expusieron al país a abusos comerciales y pérdidas millonarias.
