La dirigencia nacional de Morena anunció que buscará impulsar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras la polémica generada por la participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en la entidad. El partido acusó a la administración estatal de comprometer la estrategia de seguridad y vulnerar principios de soberanía nacional, luego de la muerte de dos agentes estadounidenses ocurrida en abril durante acciones contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que la intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano representa una situación grave que debe ser esclarecida públicamente. La dirigente afirmó que las leyes mexicanas y los acuerdos internacionales establecen que las operaciones de seguridad dentro del país corresponden únicamente a instituciones mexicanas, aun cuando exista cooperación bilateral con Estados Unidos en temas de combate al crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa en Chihuahua, Montiel cuestionó que el gobierno estatal no haya dado explicaciones suficientes sobre lo ocurrido desde el fallecimiento de los agentes estadounidenses el pasado 19 de abril. Morena también acusó a la administración de Maru Campos de no asistir a las mesas de seguridad impulsadas desde el gobierno federal, situación que, según el partido, ha debilitado la coordinación institucional en materia de seguridad pública.
La dirigente morenista señaló que el proceso de juicio político deberá ser analizado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Además del recurso legislativo, Morena anunció movilizaciones sociales en Chihuahua para exigir responsabilidades políticas a la gobernadora, comenzando con una marcha convocada para el próximo sábado en la capital del estado.
Montiel también cuestionó las versiones oficiales presentadas por autoridades estatales sobre el operativo en la Sierra Tarahumara y consideró insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta ahora. El caso ha reactivado el debate sobre los límites de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en regiones marcadas por la violencia ligada al narcotráfico y a operaciones conjuntas de inteligencia.
Hasta el momento, el gobierno de Chihuahua no ha respondido de manera amplia a los nuevos señalamientos lanzados por Morena. La controversia ocurre en medio de un escenario político cada vez más confrontado entre gobiernos estatales opositores y la dirigencia nacional del partido oficialista, con la seguridad pública y la relación con agencias estadounidenses como uno de los principales puntos de tensión.
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