La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el decreto firmado por Donald Trump sobre remesas enviadas desde Estados Unidos se mantiene bajo análisis del Gobierno Federal, ante la posibilidad de que implique nuevos controles o cobros a las transferencias que realizan millones de migrantes. La mandataria explicó que la Secretaría de Hacienda y el embajador de México en Washington revisan los alcances de la medida para determinar si puede tener efectos económicos o financieros sobre el flujo de recursos que llegan al país.
Aunque la presidenta señaló que hasta ahora no se observa un gran riesgo para las remesas, reconoció que el tema genera preocupación y requiere seguimiento permanente. Estos recursos representan una fuente fundamental de ingresos para millones de hogares mexicanos, especialmente en comunidades donde el dinero enviado desde Estados Unidos se utiliza para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda, salud, educación y servicios cotidianos.
El debate ocurre en medio de propuestas impulsadas en Estados Unidos para aumentar la supervisión sobre las transferencias enviadas al extranjero, incluida la posibilidad de aplicar nuevos gravámenes. Para el Gobierno de México, una medida de ese tipo podría convertirse en una carga adicional para trabajadores migrantes que ya pagan impuestos en territorio estadounidense, además de reducir el dinero que reciben sus familias en distintas regiones del país.
Soberanía ante señalamientos de Estados Unidos
En otro tema de la conferencia, Sheinbaum aclaró que no existe ningún instrumento legal que obligue a México a mantener vigilancia especial sobre personas señaladas por autoridades de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense ubicara a diez personas por presuntos vínculos con el crimen organizado. La mandataria sostuvo que cualquier actuación debe realizarse conforme al marco legal mexicano y no por una decisión unilateral emitida desde otro país.
Entre las personas señaladas por autoridades estadounidenses se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, además de funcionarios y exfuncionarios vinculados a esa entidad. Sheinbaum explicó que esos señalamientos no obligan automáticamente a México a desplegar vigilancia particular, pues cualquier actuación debe partir de un sustento legal dentro del marco nacional y de los mecanismos formales de cooperación internacional.
La presidenta detalló que, cuando Estados Unidos emite órdenes de aprehensión, estas pueden derivar en alertas internacionales a través de Interpol, lo que permitiría que otros países actúen si las personas señaladas salen de territorio mexicano. Sin embargo, insistió en que ese procedimiento no equivale a una obligación directa para que las autoridades mexicanas realicen vigilancia específica sin una base jurídica propia.
Ambos temas se conectan por un mismo eje: la defensa de la soberanía nacional frente a decisiones, presiones o medidas impulsadas desde Washington. Por un lado, el Gobierno Federal revisa el posible impacto del decreto de Trump sobre las remesas; por otro, fija límites legales ante señalamientos judiciales estadounidenses. En ambos casos, la postura presidencial fue de cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación ni aceptación automática de medidas externas.
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