La Secretaría de Gobernación entregó a la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa para postergar de 2027 a 2028 la elección judicial, con el argumento de atender desafíos logísticos y fortalecer la organización del proceso. La propuesta fue presentada por Rosa Icela Rodríguez a la presidenta de la Permanente, Laura Itzel Castillo, quien informó que el documento será turnado directamente a la Cámara de Diputados para su análisis, dictaminación y eventual votación en el pleno.
De acuerdo con el calendario legislativo adelantado por Morena, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzará a trabajar el dictamen en las próximas horas, con el objetivo de circularlo entre sus integrantes y llevarlo al pleno la próxima semana. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, previó que la votación pueda realizarse el miércoles, mientras que en el Senado se discutiría al día siguiente.
Rosa Icela Rodríguez explicó que la modificación plantea realizar la elección judicial el 1 de junio de 2028, en lugar de 2027, para responder a los retos operativos señalados por distintos actores, entre ellos el Instituto Nacional Electoral. La funcionaria sostuvo que el cambio busca dar mayor eficacia al proceso y permitir que la ciudadanía participe en condiciones más claras en la renovación de cargos judiciales.
La iniciativa no sólo impactaría al ámbito federal. Segob planteó que las entidades federativas deberán ajustar sus calendarios para establecer procesos homogéneos y dar certeza jurídica en todo el país. Con ello, se pretende evitar calendarios dispersos y facilitar la organización electoral de jueces, magistrados y otros cargos del Poder Judicial bajo criterios comunes en el territorio nacional.
Otro de los puntos centrales es la revisión de los Comités de Evaluación. La propuesta busca mejorar sus reglas de operación, el proceso de revisión de perfiles y la selección de aspirantes, además de reducir el número de candidaturas para simplificar las boletas. Según la dependencia, esto permitiría que el voto sea más accesible para la ciudadanía y que el proceso en casilla resulte menos complejo.
La reforma también contempla reglas de organización territorial basadas en circuitos judiciales y la creación de Distritos Electorales Judiciales bajo responsabilidad del INE. Además, se propone crear secciones dentro de la Suprema Corte para hacer más eficiente su trabajo y reducir rezagos, dejando al pleno los asuntos de mayor relevancia. La iniciativa abre una nueva fase del debate sobre la implementación de la reforma judicial y sus tiempos electorales.
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