La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, respaldó que se discuta una reforma para revisar la integridad de candidaturas, pero planteó que la ley debe dejar claramente delimitado el papel del INE. De acuerdo con la funcionaria electoral, el instituto puede servir como canal formal entre partidos políticos y autoridades competentes, pero no debe asumir funciones de investigación, persecución o sanción.
La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales. El objetivo sería establecer un mecanismo de coordinación institucional para evitar que perfiles vinculados con actividades ilícitas lleguen a las boletas, especialmente rumbo a los procesos electorales de 2027.
Taddei explicó que el INE es una autoridad administrativa encargada de organizar elecciones, garantizar certeza, legalidad, equidad y transparencia, pero no una instancia ministerial o judicial. Por ello, señaló que la revisión de posibles riesgos en candidaturas debe corresponder a las instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y autoridades financieras, que cuentan con facultades y metodologías para ese tipo de análisis.
La consejera presidenta también planteó que el instituto no puede quedar colocado en medio de disputas políticas entre partidos por la permanencia o retiro de candidaturas. En ese sentido, pidió que el Poder Legislativo precise en la reforma que el INE no será responsable de determinar si una persona aspirante representa un riesgo razonable, ni de resolver si una candidatura debe mantenerse o no.
De acuerdo con Taddei, la función del instituto podría limitarse a operar como un canal de comunicación directo, formal y confidencial entre los partidos y las autoridades competentes. Ese diseño permitiría acompañar el proceso sin alterar la naturaleza administrativa del árbitro electoral, evitando que se le atribuyan facultades que constitucionalmente corresponden a otras instancias del Estado mexicano.
El debate legislativo se perfila como uno de los temas centrales en materia electoral y de seguridad pública. La discusión no solo apunta a fortalecer los filtros institucionales para candidaturas, sino también a definir con precisión el equilibrio entre prevención, legalidad electoral y respeto a las competencias de cada autoridad, de cara a los próximos procesos electorales.
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