Ante el incremento de extorsiones telefónicas que se originan desde distintos centros penitenciarios del estado de Puebla, autoridades legislativas analizan medidas más severas para frenar estas prácticas. Entre ellas, se contempla que custodios y directivos que faciliten el ingreso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos puedan enfrentar sanciones de hasta 12 años de prisión, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Este escenario se presenta tras la detección constante de actividades delictivas al interior de varios penales, donde personas privadas de la libertad realizan llamadas para cometer fraudes y extorsiones que afectan a ciudadanos en distintas regiones del estado. Uno de los casos más señalados ha sido el del penal de San Miguel, donde las autoridades han identificado puntos recurrentes de operación, lo que ha derivado en diversos operativos de revisión, así como en el aseguramiento de dispositivos móviles y objetos prohibidos.
Ante esta problemática, el Congreso de Puebla prepara una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con la intención de tipificar como delito la “Introducción y uso no autorizado de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios”. El objetivo central de esta propuesta es cerrar los espacios que permiten la operación de redes de extorsión desde el interior de las cárceles, así como fortalecer el control institucional en estos espacios.
El legislador local Miguel Trujillo de Ita reconoció que la presencia de teléfonos celulares y tabletas dentro de los reclusorios se ha convertido en un factor que facilita la comisión de delitos como la extorsión y las amenazas, situación que ha generado preocupación tanto en las autoridades como en la ciudadanía.
Asimismo, señaló que este tipo de prácticas no serían posibles sin la omisión o posible complicidad de algunos custodios y directivos penitenciarios, quienes en ciertos casos permitirían el ingreso de estos dispositivos. Esta conducta, afirmó, representa una falta grave que debe ser atendida con mayor rigor legal y administrativo.
Por ello, Trujillo de Ita indicó que la iniciativa contempla sanciones diferenciadas para los responsables de estas acciones, estableciendo penas de 4 a 8 años de prisión para custodios y de 8 a 12 años para directores de centros penitenciarios, además de la inhabilitación correspondiente para ejercer funciones públicas.
Finalmente, la propuesta que actualmente se encuentra en análisis dentro de la LXII Legislatura del Congreso del Estado busca integrarse a los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para 2026, los cuales incluyen el reforzamiento de los filtros de ingreso a los centros penitenciarios y la instalación de inhibidores de señal, con el propósito de reducir y, en la medida de lo posible, erradicar el uso de dispositivos móviles al interior de las cárceles.
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