Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó el delito de ciberasedio en Puebla, el Congreso local inició el proceso para replantear una nueva legislación enfocada en sancionar el ciberacoso y otras formas de violencia digital. El fallo obligó a los legisladores a revisar el marco jurídico vigente para evitar disposiciones ambiguas que vulneren derechos constitucionales, en particular la libertad de expresión y el principio de legalidad.
El presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, informó que la derogación del artículo 480 del Código Penal ya fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis. Explicó que esta acción responde a la obligación de acatar la determinación de la Corte y corregir los vacíos legales detectados, lo que abre una nueva etapa de discusión sobre cómo regular el entorno digital sin incurrir en excesos.
El legislador señaló que la construcción de una nueva norma no será inmediata ni unilateral, sino que dependerá de un proceso de consulta amplia. Indicó que se convocarán foros y mesas de trabajo con académicos, periodistas, activistas y especialistas en derechos digitales, con el objetivo de generar una legislación que equilibre la protección de las personas con el respeto a las libertades fundamentales.
En ese sentido, subrayó que cualquier iniciativa deberá contar con respaldo social para avanzar en el Congreso. El enfoque estará centrado en atender el ciberacoso, particularmente en grupos vulnerables como niñas, niños y mujeres, quienes suelen enfrentar mayores riesgos en plataformas digitales, lo que ha motivado la insistencia en diseñar mecanismos de protección efectivos.
El tema será discutido al interior de la LXII Legislatura para evaluar su viabilidad jurídica y evitar un nuevo revés por parte del máximo tribunal. Los diputados buscan que la nueva regulación tenga precisión técnica y sustento constitucional, evitando la ambigüedad que derivó en la invalidez de la ley anterior y garantizando que su aplicación no derive en censura o persecución indebida.
La ley de ciberasedio, que entró en vigor en junio, contemplaba sanciones por hostigamiento digital, espionaje y usurpación de identidad, con penas de prisión y multas económicas. Sin embargo, la SCJN determinó que su redacción era imprecisa y podía afectar derechos fundamentales, lo que obligó a su eliminación y a replantear el enfoque legislativo para atender los delitos digitales en Puebla.
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